1. La Suprema Corte de Justicia como Primera Magistratura Judicial del Estado de Chile en la Constitución de 1823

Con el regreso al poder de los españoles, durante el período denominado de la reconquista, revive la Real Audiencia, aunque sólo por un breve período, desapareciendo definitivamente con el triunfo de los patriotas y la restauración del Supremo Tribunal Judiciario que funcionaría a lo largo de su existencia al amparo de varias Constituciones.

Será, sin embargo, en la Constitución de 1823, promulgada el 29 de diciembre del referido año, cuando toma el título de "Suprema Corte de Justicia", designándosela como la "Primera Magistratura Judicial del Estado".

A partir de dicha Constitución se configura, en términos similares a los actualmente vigentes, una organización piramidal de los tribunales de justicia, encontrándose en su cima a la Suprema Corte de Justicia, más abajo a la Corte de Apelaciones como tribunal de segunda instancia y finalmente, en la base, a los Juzgados Letrados.

Dicha Carta Fundamental le otorga a la Suprema Corte la "superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial sobre todos los tribunales y juzgados de la nación", así como también la de la policía criminal, conforme al reglamento que se dictó sobre sus atribuciones.

Aunque el Congreso Constituyente de 1823, no realizó variaciones en el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia,- con respecto a los que hasta entonces tenía como Supremo Tribunal Judiciario- el 31 de diciembre del mismo año, se nombra como primer Presidente a don José Gregorio Argomedo, acompañado en sus altas funciones por los Ministros señores Lorenzo Villalón, Francisco A. Pérez y Gaspar Marín. En el cargo de Procurador Nacional fue designado el insigne jurista don Mariano Egaña.

Hasta esa fecha el Supremo Tribunal Judiciario de 1811, había sido sólo una aspiración, suplida en la realidad por comisiones especiales, radicándose las facultades de competencia del Consejo de Indias español en la Cámara de Apelaciones. Es desde ese momento, entonces, que en Chile se configura un sistema de justicia similar al que actualmente nos rige. Sin embargo, y tal como se ha sostenido por algunos autores, es posible afirmar que la Corte Suprema creada en 1823 no es ni un substituto de otro tribunal anterior ni tampoco un ente foráneo, lo que queda de manifiesto al analizar sus atribuciones, que comprendían algunas entregadas al Consejo de Indias y otras a la propia Real Audiencia. Si bien toma el nombre de su similar de Estados Unidos, sus raíces están en Hispanoamérica.

2. La Judicatura en la Constitución de 1828

Con la dictación de la Constitución de 1828, se mantiene en líneas generales el plan de organización de la Suprema Corte, variando eso sí, su denominación de Suprema Corte de Justicia a Corte Suprema y modificando además su composición a cinco ministros y un fiscal.

En dicha Carta destaca la atribución entregada al máximo tribunal relativa al conocimiento de los asuntos sobre infracción a la Constitución; el juzgamiento de los conflictos de competencia; los juicios contenciosos entre las provincias; aquéllos que se produjeran como consecuencia de contratos celebrados por el gobierno y por sus agentes en su nombre; las causas civiles del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros del despacho y de los miembros del Congreso; las causas sobre suspensión o pérdida del derecho de ciudadanía, entre otras.

3. Constitución de 1833 y la Ley de Atribución y Organización de los Tribunales de 1875

La Carta Fundamental de 1833 no innovó en el régimen orgánico de la Corte Suprema, salvo en lo que se refiere al nombramiento de los ministros del máximo tribunal, quienes, a partir de entonces, serían designados por el Presidente de la República de una propuesta formulada por el Consejo de Estado, previo informe confeccionado en tal sentido por el tribunal superior.

Lo restante fue entregado a una futura ley de organización de los tribunales, por lo que en todo cuanto a determinación de la organización y atribuciones de los tribunales se refiere, regiría el orden existente hasta ese momento, permaneciendo vigentes la parte judicial de las Constituciones de 1823, de 1828 y demás prescripciones dictadas hasta el momento.

Durante el tiempo posterior a la Constitución de 1833, se dictaron diversos decretos, autoacordados y disposiciones de carácter general preparándose el camino a la ansiada codificación, la que no llegaría sino hasta 1875 a través de la dictación de la ley de Atribución y Organización de los Tribunales.

Transformándose en un verdadero Código en la materia, la mencionada ley le dio consistencia a la Corte Suprema y demás autoridades del orden judicial. En virtud de lo ordenado por el artículo 113 de la Constitución, dicha ley, señaló a la Corte Suprema, como el tribunal llamado a ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los demás tribunales de la nación, detallando sus atribuciones.

A partir de entonces, la Corte Suprema comenzó a tener competencia para conocer, entre otras materias: en única instancia, de los recursos de casación en contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones; en segunda instancia, de las causas que conociere la Corte de Apelaciones o un Ministro de Corte Suprema.

Adicionalmente, se designó a la Corte como el tribunal que debía evacuar las consultas del Supremo Gobierno y las del Consejo de Estado en materia de patronato y protección, de carácter contencioso.

Se modificó también la integración del tribunal, elevando sus miembros a siete, dejando la sexta y séptima plazas en suspenso hasta que se dictara la futura ley de enjuiciamiento.

4. A la espera de las Leyes de Enjuiciamiento

Sin embargo, y a pesar de los avances, aún faltaban muchos años para que la codificación patria hiciere desaparecer los restos de la antigua legislación, siendo las leyes de enjuiciamiento las indispensables para tal cometido.

Entretanto, varias leyes dictadas con posterioridad a la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, iban supliendo las deficiencias del sistema, y afectando a la Corte Suprema y a los demás tribunales dependientes de ésta en diferentes aspectos. Es así que durante el período previo a la guerra civil de 1891, se dictaron varias leyes modificándola. A saber: las leyes de 1845, 1849, 1884 y 1888, que crearon las Cortes de Apelaciones de Concepción, La Serena, Iquique y Talca respectivamente, así como la que creó las Cortes de La Serena y Concepción, que trajeron como resultado la supresión de la jurisdicción criminal de segunda instancia que hasta ese momento tenía la Corte Suprema, otorgándosela a aquéllas dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales.

Es interesante destacar que en este período, y entre el 2 de marzo de 1891 y el 7 de septiembre del mismo año, la Corte Suprema permaneció sin sesionar. El libro de Acuerdos de la Corte Suprema de 1831-1911, página 61, consigna lo siguiente:.

"En Santiago a 7 de Setiembre de mil ochocientos noventa y uno, los infrascritos miembros de la Corte Suprema de Justicia teniendo en consideración, que el decreto de 5 del corriente dictado por la Excelentísima Junta de Gobierno ha declarado restablecido el régimen constitucional de la República en lo relativo al servicio judicial, y, que con esto ha cesado la fuerza mayor, que ha impedido a los tribunales superiores y de primera instancia ejercer sus funciones legales desde el 2 de marzo último, se han reunido con el objeto de reestablecer por su parte el indicado servicio desempeñando los deberes y atribuciones que les son propios".

Dicho acuerdo lo suscribieron los ministros titulares señores: Gregorio V. Amunátegui Aldunate; José María Barceló Carvallo y Carlos Risopatrón Escudero, y como integrante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don José S. Vial Recabarren y su fiscal don Ambrosio Montt.

En 1889, se dictó la ley que anticipó la composición de la Corte Suprema, fijando en siete el número de sus miembros y determinando además su división en dos salas para el despacho de las causas de hacienda y de las criminales en que había prevenido, poniéndose término para lo futuro a su competencia en lo criminal, que fue transferida a las Cortes de Apelaciones respectivas, según ya se ha señalado.

Normalizada la situación política institucional, la dictación fructuosa de leyes relacionadas con la organización de tribunales y sus dotaciones continuó, teniendo como finalidad primordial, la eficiencia del servicio judicial.

Entre ellas se destacan las siguientes leyes: a) la que autorizó a la Corte a dividirse discrecionalmente en salas según el recargo que ésta tuviere (1892); b) la que declaró la inamovilidad de los Fiscales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones (1893); c) la que aumentó los sueldos judiciales y dispuso la incompatibilidad de los cargos favorecidos con dicho aumento, con cualquier empleo público, y determinó que, para los efectos de la jubilación de los jueces sólo se tomaría en cuenta el setenta y cinco por ciento de sus sueldos (1894); y d) la que otorga a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, la facultad disciplinaria de suspender de sus funciones hasta por cuatro meses a los jueces de su jurisdicción (1894).

Finalmente cabe destacar la ley de 28 de agosto de 1902, mediante la cual se aumentó a diez el número de miembros del personal del máximo tribunal, incluyendo su fiscal, y determinando, además, su división en salas, las que se sortearían el primer día hábil de cada año. Dentro de otros objetivos de esta ley se cuentan: la fijación de un mínimo de siete Ministros para la vista de los recursos de casación en el fondo y revisión, pudiendo las salas, de cuatro Ministros a lo menos cada una, conocer de los demás recursos; el traslado de la jurisdicción de hacienda a la Corte de Apelaciones de Santiago; y el traspaso a cada Corte de Apelaciones del conocimiento de los reclamos municipales.

5. Nacen los Códigos de Procedimiento Civil y Penal

Fruto de un arduo trabajo iniciado en 1852 por parte de connotados jurisconsultos, y con el objeto de poner término a las leyes dispersas que regían en materia de Enjuiciamiento Civil, entra en vigencia, el 1° de marzo de 1903, el Código de Procedimiento Civil, bajo el gobierno de don Germán Riesco. Dicho cuerpo legal precisa las atribuciones de la Corte Suprema en materia de casación en lo civil.

El trabajo de la Corte Suprema se intensificó excesivamente, situación no prevista por los jurisconsultos creadores del nuevo Código, como tampoco por aquéllos que creyeron suficiente el número de siete ministros para conocer de los recursos de casación. Adicionalmente, lo anterior se vio acrecentado con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, bajo el mismo gobierno, en 1907. Así, la recarga de trabajo aumentó ostensiblemente, haciendo dificultoso el desempeño de las altas funciones entregadas a los escasos magistrados existentes.

Dicho cuerpo legal fue consecuencia de un largo proceso iniciado en el año 1894 con la remisión del proyecto al Congreso, seguido de doce largos años en espera de la aprobación legislativa.

Con el objeto de aminorar en parte los inconvenientes señalados, en 1918 se dicta una nueva ley que, entre otros objetivos, aumentó el número de integrantes del supremo tribunal a un total de trece y determinó la competencia de cada una de las salas de la Corte Suprema. Además introdujo reformas al Código de Procedimiento Civil y a la Ley Orgánica de los Tribunales, como aquella relativa a la elección del Presidente de la Corte Suprema, determinando que, en lo sucesivo, se realizaría cada tres años, a propuesta en terna, por el mismo tribunal. Se establecieron también, una serie de medidas de carácter económico y disciplinario o de integración, entre ellas, la que impuso la obligación de dictar un autoacordado relativo a la forma de redactar las sentencias; la que obligó al Presidente de la República a expedir un reglamento para el mejor funcionamiento de esa Corte y de las Cortes de Apelaciones; y finalmente, la que determinó la necesidad de una nueva edición del Código en vista de las numerosas reformas de las que ya había sido objeto.

6. El Poder Judicial en la Constitución Política de la República de 1925

Con la Constitución Política de la República de 1925 se comienza a hablar por primera vez en nuestro país del Poder Judicial, dándosele a éste el carácter de poder independiente dentro del Estado. En su capítulo VII la Carta Fundamental determinó, dentro de otras materias, la designación de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, quienes serían elegidos por el Presidente de la República de una lista de cinco individuos propuesta por la misma Corte, dejándose atrás la tradicional terna, que hasta ese momento regía. Se establece además la inamovilidad de los jueces, no obstante la autorización de permutas y traslados de los mismos a otros cargos de igual categoría que el Presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podía realizar.

Por otra parte, y recogiendo lo establecido en la ley de Atribuciones y Organización de los Tribunales, se consagra que la Corte Suprema tendría la "superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, con arreglo a la ley que determine su organización y atribuciones".

Esta Constitución entregó por primera vez a la Corte Suprema la facultad de declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad a través del denominado recurso de inaplicabilidad, conforme al cual "la Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitución". Del mismo modo, se le otorga la atribución de resolver contiendas de competencia que se suscitaren entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia, cuya resolución no correspondieren al Senado.

La atribución de conocer de los reclamos que se interpusieran con motivo de la cancelación de la carta de nacionalización no fue entregada a la Corte Suprema por el texto original de la Carta de 1925, ello se hizo posteriormente por medio de la reforma constitucional de 1957, contenida en la Ley Nº 12.548.

7. La Constitución de 1980

Con la promulgación de la Constitución de 1980, se le confirieron a la Corte Suprema otras competencias, tales como el conocimiento de la declaración de error judicial (norma programática en la carta de 1925), el reclamo por pérdida de nacionalidad (cuyo antecedente se remonta a 1957) y, por último, se fortalece la petición de inaplicabilidad. A todo lo anterior debe agregarse que desde 1976 conoce en segunda instancia del Recurso de Protección.

En cuanto a la superintendencia directiva, correccional y económica que se le otorga, se hace expresa mención de los tribunales que quedan exceptuados de ésta: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempos de guerra.

Otra de las novedades que nuestra actual Carta Fundamental presenta, se refiere a la inclusión de dos ex ministros de la Corte Suprema -elegidos por ésta en votaciones sucesivas- como integrantes del Senado, por un período de ocho años.

A su vez, otra de las innovaciones la constituye la integración del Tribunal Constitucional, por parte tres ministros de Corte Suprema, como asimismo la composición del Tribunal Calificador de Elecciones por tres ministros o ex ministros del máximo tribunal.

Con posterioridad a su dictación, la Carta de 1980 ha sido objeto de importantes reformas concernientes al Poder Judicial.

Así, con la dictación de la Ley Nº 18.374 de 1984, se modifica la composición del máximo tribunal aumentándola de trece a dieciséis Ministros, número que posteriormente es ampliado a diecisiete en virtud de la Ley Nº 18.750 de 1988.

Igual mención cabe a la reforma del año 1997, realizada por Ley Nº 19.541, en virtud de la cual los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que en cada caso propone la Corte en Pleno; el aumento del número de miembros del máximo tribunal, de diecisiete a veintiún ministros; la consagración constitucional de dicha composición; la exigencia de que cinco del total de miembros de la Corte Suprema sean abogados extraños a la administración de justicia; el establecimiento del límite de 75 años de edad para desempeñarse como ministro de Corte; etc., todas modificaciones que han tenido como objetivo de mejorar y hacer más eficiente la administración de justicia.

8. Importancia y estabilidad Institucional de la Corte Suprema

No obstante las precarias condiciones iniciales y las innumerables dificultades materiales que a lo largo de su historia ha debido sortear, nuestro máximo tribunal -el más antiguo de Hispanoamérica-, ha caracterizado su labor por una incuestionable moralidad, rectitud, entereza y sapiencia de sus integrantes, lo que la ha transformado en el baluarte fundamental de nuestra justicia, símbolo del Estado de Derecho, contribuyendo así de manera eficaz al desarrollo de nuestras instituciones republicanas.