La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso en contra de la sentencia que negó la reclamación de una multa laboral aplicada a un centro de recaudación de pagos por infracciones en el control de entrada y salida de trabajadora.

En la sentencia (rol 4.402-2025), la Duodécima Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Maritza Villadangos, Lilian Leyton y el ministro Rodrigo Carrasco- descartó infracción a las reglas de la sana crítica al confirmar la sanción.

“Que, en este contexto, examinada la sentencia impugnada, no se advierte la infracción que se le atribuye. En efecto, en su considerando quinto el sentenciador examinó el registro de asistencia acompañado por ambas partes y lo relacionó con el acta del comparendo de conciliación, en la que se dejó constancia de las omisiones de registro durante los días consignados bajo la categoría de trabajo remoto. Asimismo, ponderó el contrato de trabajo, su anexo y la declaración del testigo Sebastián Villegas Zúñiga, particularmente su respuesta afirmativa al ser consultado acerca de si el empleador supervisaba las funciones de la trabajadora.

A partir de esos antecedentes, el tribunal concluyó que las labores desempeñadas por la dependiente requerían fiscalización directa y que, por ello, no concurrían los presupuestos de la exclusión de jornada invocada por la reclamante para justificar la falta de registro”, explica.

En su análisis, la Corte determinó que el fallo no desconoció la existencia del acuerdo contractual ni omitió toda consideración sobre la prueba aportada para acreditar la modalidad de trabajo convenida. “Por el contrario, examinó esos antecedentes y los confrontó con la declaración testimonial, explicando por qué no les atribuyó la eficacia pretendida por la empresa para eximirla de la obligación de registrar las horas de entrada y salida durante el trabajo remoto”, dice el fallo.

“En efecto, el fallo evidencia los antecedentes que fueron considerados y las conclusiones obtenidas por la magistratura luego de su ponderación. De este modo, lo cierto es que la recurrente discrepa de esa inferencia y propone una interpretación diferente de los antecedentes. Sin embargo, el control que autoriza la causal no consiste en sustituir la valoración del sentenciador por aquella que la parte estima más favorable a sus intereses, sino en verificar la existencia del defecto lógico denunciado.

En palabras distintas, la sola disconformidad con las razones del fallo o con la eficacia probatoria asignada a los antecedentes no basta para configurar una vulneración del principio de razón suficiente”, continúa el fallo.

La sentencia añade: “Que, en este mismo sentido, la alegación relativa a que el tribunal recurrió a materias ajenas al contenido de la resolución de multa tampoco permite establecer el defecto lógico denunciado, por cuanto la propia reclamante justificó la ausencia de registro de asistencia en el acuerdo de exclusión de jornada durante los períodos de trabajo remoto, de manera que el examen de las condiciones de prestación de los servicios guardaba relación directa con la defensa sometida a la decisión del juzgador.

En tales condiciones, el examen del anexo contractual y de los antecedentes relativos a la supervisión de las labores de la trabajadora no constituye un razonamiento desvinculado de la controversia, pues se dirige precisamente a establecer si el acuerdo invocado justificaba la omisión por la cual se impuso la sanción”.