El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Luis Alejandro Garay Gálvez a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito cometido en octubre de 2024, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

En fallo unánime (causa rol 204-2026), el tribunal –integrado por las magistradas Nelly Villegas Becerra (presidenta), Karen Garrido Saldías (redactora) y Gabriela Carreño Barros– aplicó, además, a Garay Gálvez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 22:00 horas del 24 de octubre de 2024, “(…) en la intersección de las calles Raúl Fuica con Unidad Popular, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Domingo Segundo Ñancupil Lizama fue agredido por Luis Alejandro Garay Gálvez, quien premunido de un arma blanca procedió a provocarle heridas punzocortantes en el tórax y abdomen, lo que le provocó la muerte por una anemia aguda”.

En la determinación de la sanción y forma de cumplimiento a imponer al condenado, el tribunal tuvo presente: “Que el acusado Luis Alejandro Garay Gálvez ha resultado responsable en calidad de autor de un delito consumado de homicidio simple, sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo”.

La resolución agrega que: “Para determinar la pena que se le impondrá, se ha considerado que concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante, por lo que, conforme al artículo 68 del Código Penal, no se aplicará el grado máximo. El tribunal la fijará en la entidad que se dirá en lo resolutivo, por no advertir un mal causado superior al contemplado por el mínimo de la pena para el delito de que se trata”.

“Que, atendida la extensión de la pena privativa de libertad que se impondrá al sentenciado, resulta improcedente sustituirla por alguna de las penas contempladas en la Ley N°18.216, por lo que el cumplimiento de aquella deberá efectuarse de manera efectiva”, ordena.