La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Ministerio Público que negó entregar información de una carpeta investigativa solicitada por Ley de Transparencia.
En la sentencia (rol 372-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Lidia Poza, Claudia Parra y el abogado (i) Luis Hernández- descartó que la entrega de información sea pública.
“Que, sin embargo, para el caso concreto debe tenerse en consideración que la Carta Fundamental permite que existan excepciones a esa regla general de publicidad que se asilan en lo que se denomina reserva o secreto y que para operar exigen examinar si existe una afectación al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. De aquí aparece que en algunos casos la reserva la establece directamente el legislador y en otros la califica la administración con la intervención de un organismo especial que es el Consejo para la Transparencia”, dice el fallo.
Agrega: “Que en esa dirección la regla básica del artículo 21 N°1 de la Ley N°20.285 dice: “[l]as únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido […]”.
Y el artículo 182 en sus incisos 1° y 2° del Código Procesal Penal indican particularmente: “[l]as actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial”. Precepto que no distingue entre investigación pendiente o terminada”,
“Que la norma general que obliga al Ministerio Público a transparentar su acción tiene plena aplicación tratándose de su organización y uso de recurso internos, de lo cual no existe ninguna duda, pero se encuentra limitada en esa divulgación por una decisión legislativa contenida en la misma Ley N°20.285 -ya citado su artículo 21- y en el Código Procesal Penal que solamente otorga publicidad a los intervinientes, cuyo no es el caso”, continúa el fallo.
La sentencia asevera: “Que a mayor abundamiento y como también cita el recurrido, el artículo 246 bis del Código Penal establece que “[e]l funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”.
“Que lo anterior se aviene con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°19.640 que en lo pertinente señala: “[l]os fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de probidad administrativa. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella […]. Son públicos los actos administrativos del Ministerio Público y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales; cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo; la oposición deducida por terceros a quienes se refiera o afecte la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el respectivo Fiscal Regional, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial o, en su caso, el Fiscal Nacional, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional. El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente, salvo las excepciones legales”, concluye el fallo.
