El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Fabrizzio Lino Urquieta Cunazza a la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de siete multas equivalentes al avalúo fiscal de cada uno de los vehículos objeto de los delitos, correspondientes a $8.724.207, $584.774, $19.028.291, $10.733.840, $13.575.936, $8.627.230 y $29.882.088, en calidad de autor de siete delitos consumados y reiterados de receptación de vehículo motorizado. Ilícitos sorprendidos en marzo de 2025, en la comuna de Renca y Lampa.
En fallo unánime (causa rol 347-2026), el tribunal –constituida por las magistradas Ana Karina Reyes Alvarado (presidenta), Marcela Nilo Leyton (redactora) y Valeria Alliende Leiva– condenó, además, a Urquieta Cunazza a cumplir 21 días de reclusión, accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y pago de una multa de 21 UTM, como autor del delito consumado de almacenamiento de billetes falsos.
En la causa, el tribunal decretó la absolución por falta de acreditación, de Urquieta Cunazza de la acusación fiscal que lo sindicaba como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fogueo adaptable o modificable.
El tribunal decretó el comiso de los billetes falsos y placas patentes; además de la pistola, cargador y municiones a fogueo incautadas en el procedimiento policial.
El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que el 26 de marzo de 2025, “(…) Fabrizzio Lino Urquieta Cunazza fue sorprendido por funcionarios policiales, manteniendo en su poder al exterior de su domicilio, ubicado en calle Antonio Maceo N°3176 de la comuna de Renca y, posteriormente, fueron encontrados al interior de una parcela emplazada en Camino Lipangue de la comuna de Lampa, que también le pertenecía, los vehículos Nissan Kicks PPU JTYB-35, Land Rover Discovery PPU HSFP-43, Great Wall Poer Elite PPU RPPH-76, Jetour Dashing PPU TRDJ-35, Audi Q5 PPU CLPK-38, Honda Pilot Touring PPU RPKX-64 y la motocicleta Motorrad Tekken 250 PPU DDB-090, todos provenientes de delitos previos contra la propiedad y portando placas patentes falsas; asimismo, mantuvo almacenados cincuenta y dos billetes falsos de $10.000 y nueve billetes falsos de $20.000. Del mismo modo, mantuvo en una caja fuerte una pistola a fogueo marca Bruni modelo P4 calibre 9 mm, con su cargador y cartuchos de fogueo”.
En la determinación de las penas y forma de cumplimiento a imponer a Urquieta Cunazza, el tribunal tuvo en consideración: “Que favorece al acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal, relativa a la irreprochable conducta anterior, reconocida por el Ministerio Público por no registrar antecedentes prontuariales anteriores”.
La resolución agrega que: “Asimismo, se reconocerá a favor del sentenciado la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, relativa a la colaboración substancial al esclarecimiento de los hechos, debido a que resultó acreditado que este desde el inicio del procedimiento cooperó con el procedimiento policial, facilitando el registro de sus domicilios e incautación de los vehículos y billetes objeto de los delitos por los cuales resultó responsable, y demás especies asociadas a los mismos, así como de la pistola a fogueo, su cargador y municiones. Además de haber entregado voluntariamente su teléfono celular y su respectiva clave, lo que permitió obtener evidencias para establecer el delito de receptación de vehículos. Los antecedentes señalados se condicen y correlacionan con la declaración prestada por el encausado en la audiencia de juicio, en la que reconoció su participación en los delitos que fueron establecidos, sin perjuicio de haber pretendido excusarse en un supuesto engaño y actuación de buena fe, que no fue acreditado, constituyendo sus dichos en este sentido como una mera afirmación. Así aportó antecedentes relevantes y contribuyó de manera importante a determinar la dinámica de los hechos ilícitos y su intervención en ellos”.
Para el tribunal, en la especie: “(…) establecida la existencia de dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, corresponde regular las penas conforme a las reglas de los artículos 65 a 69 del Código Penal, en el caso del delito de almacenamiento de billetes falsos y las reglas de los artículos 456 Bis A inciso 5° del Código Penal en relación con el artículo 449 del mismo cuerpo legal, en el caso de los delitos reiterados de receptación de vehículos motorizados”.
“En efecto –prosigue–, la pena asignada por el artículo 64 de la Ley 18.840 al delito de almacenamiento de billetes falsos es la de presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de 21 a 30 unidades tributarias mensuales y favoreciéndole al sentenciado dos atenuantes sin agravantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 inciso 3° del Código Penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias. En este caso, por la entidad de las atenuantes se impondrá la pena inferior en dos grados al mínimo legal, vale decir, prisión en su grado medio, regulándola en el mínimum”.
“Respecto de los siete delitos de receptación de vehículo motorizado, atendida su reiteración, se aplicará la regla especial prevista en el artículo 456 BIS A del Código Penal, que en su inciso 5° señala que en los casos de reiteración o reincidencia en la receptación de los objetos señalados en el inciso tercero –entre los cuales se encuentran los vehículos motorizados–, se aplicará la pena privativa de libertad allí establecida, aumentada en un grado, vale decir, presidio mayor en su grado mínimo, por resultar más beneficiosa que la acumulación material de penas de acuerdo con el artículo 74 del mismo código. Esta regla, atendida su especialidad para el delito de receptación, desplaza en su aplicación a la prevista en el inciso 1° del artículo 351 del Código Procesal Penal que es de carácter general, siendo, entonces, improcedente su aplicación simultánea o sucesiva, como lo planteó el persecutor, conforme a la prohibición derivada del principio non bis in ídem, pues tendría que considerarse la reiteración del mismo delito dos veces para aumentar la pena. El quantum de la pena se regulará en el mínimum por la cantidad y entidad de las atenuantes que favorecen al sentenciado, dentro del grado correspondiente, conforme al marco rígido de penalidad previsto en el artículo 449 del Código Penal”, explica la resolución.
“En cuanto a las penas pecuniarias se regularán en su mínimo por las mismas razones”, añade.
“Atendida la extensión de las penas que se impondrán, no procede la concesión de penas sustitutivas contempladas en la Ley N°18.216, por no cumplirse los requisitos objetivos y, por tanto, resulta inoficioso analizar los informes psicológico y presentencial acompañados para dicho efecto”, colige el fallo.
Absolución
Asimismo, el fallo se hace cargo de la absolución de Urquieta Cunazza de responsabilidad en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego a fogueo adaptable para el disparo, previsto y sancionado en el artículo 9 inciso primero en relación con el artículo 2 letra b) de la Ley N°17.798.
“En efecto, de acuerdo con la declaración del perito armero Roberto Jiménez Silva se logró establecer que el arma incautada al acusado correspondía a una pistola de fogueo marca Bruni, modelo P4, especie que, de conformidad a la clasificación efectuada por la Dirección General de Movilización Nacional mediante Resolución Exenta N°433, corresponde a una de aquellas armas de fogueo consideradas susceptibles de ser fácilmente adaptadas o transformadas para el disparo de municiones”, consigna el fallo.
“Sin embargo, la sola acreditación de dicha circunstancia no satisface las exigencias del tipo penal imputado. La figura en examen fue incorporada por la Ley N°21.412 de 25.01.2022 a la Ley N°17.798, sobre control de armas, estableciéndose posteriormente una regulación transitoria destinada a permitir la regularización de la situación jurídica de quienes mantenían este tipo de armamento en su poder con anterioridad a dicho cambio normativo. Así, el artículo tercero transitorio del Decreto 32 de 21.12.2023 que modificó el Reglamento de la Ley sobre control de armas, otorgó el plazo de un año para que los poseedores de armas de fogueo comprendidas en esta nueva regulación procedieran a su inscripción ante la Dirección General de Movilización Nacional”, aclara la resolución.
“En consecuencia –ahonda–, para estimar configurado el delito atribuido no bastaba con acreditar que el acusado mantenía un arma de fogueo clasificada como fácilmente adaptable o transformable, sino que además era indispensable demostrar que dicha tenencia era efectivamente ilegal, vale decir, que el arma no había sido inscrita conforme al procedimiento de regularización previsto por la normativa o que el acusado carecía de la autorización legal correspondiente”.
“Sobre este aspecto, la actividad probatoria desplegada por el ente persecutor resultó insuficiente, ya que no se incorporó al juicio certificado, informe, oficio ni antecedente alguno emanado de la Dirección General de Movilización Nacional que permitiera establecer que el arma incautada no se encontraba inscrita o que el acusado no hubiese hecho uso del procedimiento de regularización contemplado por la normativa transitoria antes referida. De este modo, el Ministerio Público no acreditó uno de los presupuestos indispensables de la figura penal imputada, esto es, el carácter ilegal de la tenencia atribuida al encartado”, afirma el fallo.
“Por consiguiente, aun cuando se tuvo por establecido que el arma correspondía a una de aquellas comprendidas en la categoría definida por el artículo 2 letra b) de la Ley N°17.798, específicamente, una que puede adaptarse o transformarse para disparar municiones o cartuchos, no se acreditó más allá de toda duda razonable la concurrencia de todos los elementos objetivos exigidos por el tipo penal contenido en el artículo 9 inciso primero del mismo cuerpo legal, motivo por el cual procede absolver al acusado respecto de este cargo”, concluye.
