En fallo unánime (causa rol 16-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Marcos Kusanovic Antinopai, el fiscal judicial Pablo Miño Barrera y la abogada (i) Gustava Aguilar Moraga– descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, que acogió la denuncia.

“(…) el recurrente alega que al resolver que, producto de la decisión de la autoridad administrativa de no renovar la contrata del actor para el periodo 2023, se vulneró la garantía a la indemnidad, se incurre en un error, toda vez que no se justificó bajo ningún antecedente que dicha decisión haya sido motivada como ‘una represalia’ por el ejercicio de la tutela presentada días antes por parte del actor”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Por el contrario, el razonamiento del tribunal en este punto se centra en cuestionar los antecedentes consignados en la resolución por la cual se comunica la decisión de no renovación de la contrata, no obstante, dichos elementos en ningún caso permiten desprender un nexo causal entre dichos antecedentes y la tutela presentada algunos días antes por el actor, razón por lo cual se infringe de manera evidente la norma que consagra dicha garantía de la indemnidad”.

En el fallo de primera instancia ratificado, el juez Franco Reyes Pozo dio por establecido que: “El demandante ingresó a prestar servicios a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda el 23 de abril de 2018 y por resolución exenta 272/596/2019 del 5 de marzo de 2019 fue designado a contrata desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de ese año. La referida contrata fue renovada, anualmente, hasta la fecha de comunicación de no renovación el 28 de noviembre de 2022, cargo que desempeñó ininterrumpidamente desde el 23 de abril de 2018 y hasta noviembre de 2022 en dicha seremía regional”.

En tanto, desde el 3 de abril de 2019 y hasta la fecha de la no renovación, el demandante ejerció como encargado de la sección jurídica de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y que se encuentra encasillada en el cuarto nivel jerárquico (jefe de sección/encargado de sección/oficina).

El 2 de noviembre de 2022, el demandante presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo una demanda de tutela laboral por acoso y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones, durante la vigencia de la relación laboral y el 28 de dicho mes, se dictó la resolución de no renovación de la contrata.

Por lo tanto, el juzgado de primera instancia resolvió:

“I) que la denunciada afectó la garantía de indemnidad del actor a través de la Resolución Exenta RA Nro. 272/2163/2022 de 28 de noviembre de 2022.

II) que se condena a la denunciada a las siguientes prestaciones e indemnizaciones:

a) A la asistencia a un curso de a lo menos 12 horas por quien detente labores de jefatura en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en particular sobre el reconocimiento, promoción y respeto de los derechos fundamentales del trabajador, dentro de un término de 60 días de ejecutoriada la resolución.

b) A dejar sin efecto la Resolución Exenta RA Nro. 272/2163/2022 de 28 de noviembre de 2022.

c) Al pago de la suma de $25.901.032 (veinticinco millones novecientos treinta y dos pesos), por concepto de indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo.

III. Que, las sumas precedentemente señaladas deberán ser canceladas con reajustes e intereses a la fecha de pago.

IV. Que, se condena en costas”.