Encabezado por el presidente de la Corte de Apelaciones de la Serena, Felipe Pulgar Bravo, fue constituido en el tribunal de alzada el comité permanente de seguridad para audiencias penales de la región de Coquimbo, integrado por el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública.

A través de un convenio firmado por el presidente del tribunal de alzada, el fiscal regional (s) Claudio Correa Morales, y la defensora regional Inés Rojas Varas, el comité tiene como objetivo abordar eficazmente situaciones de riesgo que puedan comprometer tanto la integridad de las personas, como las instalaciones públicas de las unidades judiciales de la jurisdicción que conocen causas penales durante el desarrollo de las audiencias.

“Su objetivo es construir una coordinación local que tenga por objeto contener los espacios de inseguridad que pudiera haber y que sirva también para contener incivilidades que pudiesen impedir la realización correcta de las distintas audiencias. En esta primera sesión acordamos constituir este comité de carácter permanente, nombrando a los titulares y suplentes, y acordamos mecanismos de comunicación con el fin de fortalecer las alianzas interinstitucionales”, explicó al respecto el ministro Felipe Pulgar.

La instancia, que se estableció al  alero del convenio firmado por las autoridades nacionales de las tres instituciones en septiembre del año pasado, busca velar por la seguridad y el resguardo de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y usuarios en general, que concurren a los tribunales penales, juzgados de garantía y con competencia penal de las jurisdicción, previniendo situaciones de riesgo y reaccionando proporcionadamente ante situaciones que puedan afectar la integridad de las personas y los recintos en los cuales se desarrollan los procesos penales.

Desde la fiscalía regional destacaron la importancia de la coordinación entre los intervinientes. “Para el Ministerio Público es de suma relevancia la constitución a nivel regional del comité de seguridad para los distintos intervinientes que participan en los procesos penales en la región,  donde se adoptaron las principales medidas y coordinaciones para la protección en los distintos tipos de audiencia”,  manifestó Claudio Correa.

El comité contempla acciones a implementar en cualquiera de los ocho edificios que en la jurisdicción de Coquimbo poseen tribunales y/o juzgados con competencia penal, tales como la coordinación previa de las instituciones en casos de causas complejas y/o de alto interés público, y  que ante situaciones no anticipadas de riesgo  fiscales o defensores deberán informar en el momento al tribunal y el juez resolverá las medidas necesarias para el éxito de la audiencia y la seguridad de los intervinientes y el público.