La totalidad de magistrados del Juzgado de Familia de Concepción se reunieron con la nueva directora regional del servicio Mejor Niñez, Andrea Saldaña, quien asumió hace unas semanas como titular en el cargo. La actividad, organizada por la ministra Carola Rivas Vargas, presidenta de la Corte de Apelaciones, tuvo como objetivo informar de las dificultades que están enfrentando los tribunales por el cambio de institucionalidad.

El encuentro se realizó en dependencias de la Corte de Concepción y participaron los trece jueces del tribunal de familia, la administradora y la ministra Rivas, quien explicó sobre el encuentro que “en esta reunión quisimos conocer a la directora regional de Mejor Niñez recientemente nombrada, conocer cuál va a ser su trabajo y, especialmente, las soluciones que se van a proponer a un sinnúmero de nudos críticos que afectan la labor de los juzgados de familia, especialmente el de Concepción. Por eso esta reunión tiene como objetivo poner en conocimiento de la directora los problemas que existen en materia de listas de espera, de residencias y especialmente los nudos críticos que va a generar la instalación de la OLN en nuestra ciudad”.

La presidenta de la Corte penquista añadió que si bien ya ha habido reuniones con la institución, no se registran avances. “Los anteriores directores operaron de manera interina, lo que dificultó el cumplimiento de compromisos con los jueces de familia”, detalló.

María Loreto Pozo Salgado, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Concepción, comentó que “no ha sido fácil para los tribunales de Familia esta etapa de transición entre el término del Sename y el ingreso de Mejor Niñez porque nos quedamos sin recursos para resolver en razón de la gravedad de los hechos que empezaron a ocurrir y hoy se está produciendo un retraso importante en nuestro trabajo. Necesitamos herramientas específicas que ayuden al trabajo concreto”.

En cuanto a los nudos críticos, mencionó que el primero es la falta de organismos que realicen diagnósticos y evaluaciones, lo que genera un atraso en el trabajo del tribunal. “El año pasado las causas proteccionales llegaron a 4 mil 800 y en este momento, a julio, estamos con 2 mil 900, lo que significa que para el año 2023 puede que esas causas superen las 5 mil y el no tener los insumos correspondientes significa que se nos caen audiencias, y el retraso no es para el tribunal, sino que la causa está sin poder tener solución”, detalló la magistrada.

El último punto, explicó, es el funcionamiento de las residencias, ya que se han hecho modificaciones en los perfiles de usuarios.

Finalmente, agradeció el involucramiento de la ministra Rivas en el tema. “Ella comprendió la gravedad que significaba el tema de Mejor Niñez y ha estado colaborando a través de la Mesa Interinstitucional y otros mecanismos”, afirmó.