El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a R.A.C.Y. a la pena de 8 años de presidio efectivo, más la prohibición de acercarse a la víctima por el término de dos años, en calidad de autor del delito consumado de violación de mayor de 14 años de edad en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). Ilícito perpetrado en octubre del año pasado, en la comuna de Carahue.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Wilfred Ziehlmann Zamorano (presidente), Freddy Gramer Rascheya y Cecilia Subiabre Tapia (redactora)– condenó, además, a R.A.C.Y., a la pena de 300 días de reclusión y dos años de prohibición de acercarse a la víctima, como autor del delito consumado de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que, en horas de la tarde del 28 de septiembre de 2022, la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en el sector Trovolhue, comuna de Carahue, lugar donde fue amenazada por su conviviente y padre de sus hijos, R.A.C.Y., quien le dijo: “por qué no nos matamos los dos, eres mía, si no eres mía te voy a matar, te doy la última noche para que te acuestes conmigo”.
En tanto, aproximadamente a las 18:39 horas del 3 de octubre de 2022, el condenado “(…) trasladó a su conviviente y madre de sus hijos (…) en su vehículo hasta el domicilio ubicado en calle (…) de Trovolhue, comuna de Carahue, el cual se encontraba sin moradores. Al llegar al frontis del señalado inmueble, el acusado le indicó a la víctima que ingresaran a la casa, a lo cual esta se negó, momento en que el acusado bajó del vehículo y mediante el uso de la fuerza, tirando de los brazos y piernas a la víctima, la hizo bajar del automóvil, para acto seguido tomarla de la cintura, girarla e inmovilizarla de las manos ingresándola contra su voluntad a la casa”, donde concretó el delito de violación, “(…) señalándole el imputado, finalmente, que él se iba a matar”.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.