El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia inaugural del Encuentro Anual de Fiscales Judiciales de Cortes de Apelaciones, realizado en el salón de honor del Palacio de Tribunales de Santiago.

La actividad contó que las exposiciones del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; y del ministro de Justicia, Luis Cordero.

En su discurso, la máxima autoridad judicial relevó como eje central la “supervisión y fiscalización en el sistema de justicia. Sin estas funciones, la efectividad e integridad del sistema judicial se encontrarían siempre en riesgo. Contar con un alto estándar de comportamiento en la institución llamada a resolver en forma definitiva los conflictos de relevancia jurídica resulta fundamental para posicionarla con entereza en el trascendente papel que le corresponde, fortaleciendo así el estado de derecho”

Durante el encuentro de dos días, las y los fiscales judiciales trabajarán temáticas como transparencia, probidad, fiscalización carcelaria, tramitación de sumarios administrativos, dignidad y derechos de las personas privadas de libertad, entre otros.

Cuenta pública

La Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, encabezó su última cuenta pública antes de dejar el Poder Judicial y destacó que hoy la entidad “es un cuerpo unido y plenamente consciente de la importante misión que le corresponde, falta un poco de reconocimiento de algunos miembros del Poder Judicial, pero se superará”.

Explicó que la Fiscalía ha desarrollado su labor en dos áreas prioritarias: fiscalización del debido respeto de derechos fundamentales en los recintos penitenciarios y probidad y transparencia en el comportamiento funcionario. “En ambos temas hemos recorrido un camino largo, en materia carcelaria seguimos la senda trazada por la ex Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, a quien saludo con respeto y cariño, en el tema de probidad y transparencia en cambio, hemos transitado caminos pedregosos”.

“En cuanto a las fiscalizaciones de Declaración de Intereses y Patrimonio y en la instrucción de sumarios administrativos acorde al Acta 108-2020, en el año 2022 se fiscalizaron 4.666 sujetos obligados en cuanto a oportunidad de sus declaraciones y 2.619 funcionarios en cuanto a la integridad, veracidad y exactitud de la misma y en lo que va de este año se han fiscalizado a 3.290 obligados en eje oportunidad y 872 personas en el aspecto integridad, veracidad y exactitud”, destacó.

“Desde la dictación del Acta 15-2018 y posteriormente el Acta 108-2020, hemos realizado 855 investigaciones disciplinarias implementando y mejorando permanentemente la plataforma SITINV, en que las realizamos. Gracias Carla Troncoso y Jorge Norambuena, San Miguel y Santiago por este estupendo trabajo”, resaltó.

Frente a la misión de fiscalizar comportamientos funcionarios, la Fiscala Judicial aseveró que “en labores de fiscalización de cumplimiento de estándares fijados para todos los órganos del Estado en materias de probidad y transparencia, no ha sido fácil, en parte por nuestra inexperiencia y porque romper la inercia y desconfianza en estos temas es a lo menos complicado. Todos nos reconocemos como probos y transparentes y no analizamos el daño que producen conductas que estimamos generalmente aceptadas y que constituyen acciones reñidas con la ética y que impiden el ejercicio pleno del derecho a la justicia”.

En lo carcelario, la Fiscalía Judicial ha monitoreado -de manera permanente- el cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos fundamentales de las personas recluidas en los establecimientos carcelarios, visitando periódicamente los recintos asignados a cada Fiscal Judicial, y también supervigilando y haciendo seguimiento de situaciones conflictivas de las que toma noticia, procediendo a realizar las denuncias que correspondan ante los organismos y tribunales pertinentes y seguir el cumplimiento de las medidas adoptadas y de las investigaciones, tanto del Ministerio Público como administrativas, que se originaron con ocasión de ellas.

“Hemos dedicado especial preocupación en visibilizar las condiciones de los grupos minoritarios. Los recintos carcelarios se construyen y organizan para recluir a varones, adultos, chilenos; esa realidad se ha visto sobrepasada y hoy debemos preocuparnos de considerar las condiciones de reclusión de mujeres, adolescentes, migrantes, pueblos originarios y miembros de la colectividad LGTBQ+, también los malos tratos, torturas y muertes que se producen al interior de ellas y que reciben una investigación y sanción deficientes, cuando no inexistente”, destacó.

Recordó que el 6 de junio celebró un compromiso de cooperación interinstitucional para la conformación de estas mesas interinstitucionales de trabajo entre la Fiscalía Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Gendarmería de Chile.

Culminó su cuenta informando las tareas prioritarias para el próximo período:

-Implementación de un plan de fiscalización que busque el cumplimiento efectivo y probo de las tareas encomendadas a notarios, conservadores, archiveros y receptores.

- Sobre los receptores judiciales propusieron medidas de control permanente de funcionamiento, solicitando se ordenen los correspondientes sumarios y, en casos que pueden configurar ilícitos, los comunicamos al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público.

-Supervigilancia efectiva de la conducta funcionaria de jueces y demás empleados del orden judicial a través de la implementación de un plan de acción y fortalecimiento de la labor fiscalizadora.

- “Canal de buenas prácticas y responsabilización”.