En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Rosalía Mansilla Quiroz (presidenta), Patricio Zúñiga Valenzuela y Mónica Coloma Pulgar (redactora)– condenó, además, a L.N. a la pena de 541 días de presidio y la accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de abuso sexual de mayor de 14 años.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 16 de mayo de 2021, L.N. se encontraba en el domicilio un primo, ubicado en la localidad de La Junta, comuna de Cisnes, procediendo a abordar a la víctima, una joven que se encontraba en el inmueble, cuando se dirigía al baño y, aprovechando su superioridad física, procedió a llevarla  en contra de su voluntad a un dormitorio donde le realizó tocamientos indebidos.

Posteriormente, el condenado mantuvo una discusión con su primo “(…) en el interior del quincho del domicilio, forcejean los dos, caen al suelo, la víctima lo reduce poniéndose sobre él, luego lo suelta y se ponen de pie, momento en que el acusado extrae desde sus vestimentas un cuchillo con el cual agrede a la víctima en tres ocasiones, en la zona torácica, lumbar y abdominal izquierda, causándole lesiones de carácter grave,  consistentes en contusión labial inferior, herida de 1,5 centímetros a nivel de línea axilar anterior, altura costal 5, sin sangrado activo, herida de 1,5 centímetros a nivel de línea axilar posterior, altura costal 10 y con sangrado activo, destaca crepitaciones subcutáneas, herida de 1,5 centímetros a nivel de cresta iliaca izquierda sin sangrado activo, las que de no haber mediado el socorro oportuno le habrían causado la muerte”.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

En el aspecto civil, el tribunal acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la víctima del homicidio frustrado, por lo que condenó a P.E.L.N. al pago de una indemnización total de $11.638.609 por concepto de daño moral y material emergente.