El Juzgado de Garantía de Vicuña dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Wilson Enrique Iglesias Rojas, sindicado por el Ministerio Público como autor de los delitos de secuestro con homicidio e inhumación ilegal. Ilícitos perpetrados a fines de noviembre del año pasado, en la comuna de Paihuano y Vicuña.

En la audiencia de formalización (causa rol 720-2023), el magistrado Felipe Ravanal Kalergis ordenó el ingreso de Iglesias Rojas al Centro Penitenciario Huachalalume de La Serena, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de investigación que, el pasado 5 de junio, se extendió por 60 días.

Al resolver la cautelar, el juez Ravanal Kalergis consideró que: “Como bien lo señaló tanto la fiscalía como la querellante, el delito de secuestro con homicidio está sancionado con la pena más alta, precisamente porque afecta la vida, la libertad y la seguridad individual. Tres bienes jurídicos fundamentales para la sociedad. Por lo tanto, si a eso se le suma el número de delitos que se le imputa, que es otro criterio, y el carácter de los mismos; es decir, la circunstancia propia de su desarrollo y su comisión, o el detalle en el fondo de cómo un delito se diferencia de otro, en este caso no es un homicidio cualquiera, se trata de un homicidio con circunstancias que aumentaron el dolor de la víctima innecesariamente”.

“Entonces, la lógica que está detrás de todas estas normas es el hecho de que si alguien es capaz de transgredir estos bienes jurídicos es porque no respeta los límites que establece la sociedad para efectos de convivir en forma armónica y sana. Y eso hace pensar que si es puesto en libertad, pueden insistir en cometer hechos como aquel por el cual se le ha formalizado. Pero además, otro criterio que establece el legislador es el hecho de que existan procesos pendientes y en este caso existen dos. Y por último, como criterio final, el hecho de haber actuado un grupo o pandilla. Es decir, en este caso se dan todos los criterios de peligrosidad que establece el legislador para estimar que la libertad de alguien es peligrosa para la sociedad”, concluyó.

Según el ente persecutor, en horas de la tarde del 28 noviembre de 2022, en la comuna de Paihuano, el imputado Jesús Molina Orellana, con la intención de matar y secuestrar a la víctima, le propuso a la imputada Ayleen Angélica Mora Zepeda (ambos en prisión preventiva) que se reuniera con la víctima y le informara, a cambio recibiría $50.000 en cocaína.  Asimismo, ofreció dinero a los coimputados Wilson Enrique Iglesias Rojas, Alexis Nibaldo Cuevas Nahuelhuen y Samuel Isaac Pradenas Herrera (también privados de libertad), para que lo ayudaran a secuestrar a la víctima.

Así, a través de la aplicación Messenger, Mora Zepeda contactó a la víctima, con quien acordó reunirse en la ribera del río Claro, sector La Rinconada, cerca de las 22 horas. En el lugar, la imputada avisó a Molina Orellana, quien junto a los coimputados, llegó al sitio, procediendo a golpear a la víctima, la subieron en contra de su voluntad a un vehículo y la trasladaron al domicilio de Molina Orellana, inmueble donde la amarraron y golpearon en el rostro y cuerpo hasta provocarle la muerte.

Al día siguiente, el 29 de noviembre, con la finalidad de hacer desaparecer el cuerpo de la víctima y cualquier indicio del secuestro y homicidio, Molina Orellana citó a los imputados, Juan José Acosta, Tracy Katherina Salas Carmona, Giancarlo Iván Álvarez Milla, Camilo Enrique Milla Chepu, Alexis Nibaldo Cuevas Nahuelhuén, Samuel Isaac Pradenas Herrera, Wilson Enrique Iglesias Rojas, para que le ayudaran.

Los últimos cinco imputados, en conocimiento de que la víctima había sido secuestrada y golpeada hasta la muerte, subieron el cuerpo a un automóvil y se trasladaron hasta una quebrada en la ruta Antakari de Vicuña, lugar donde lo enterraron para luego regresar todos hasta el inmueble en Paihuano.

En la vivienda, Salas Carmona y Juan José Acosta ayudaron a Molina Orellana a limpiar el lugar y borraron los discos duros de las cámaras de seguridad que había en el domicilio.