En audiencia de suspensión condicional de procedimiento (causa rol 1.356-2018), el magistrado Juan Patricio Silva autorizó a los imputados que aceptaron la proposición de la fiscalía, la que incluye el pago de los montos defraudados, la fijación de domicilio y la firma trimestral ante el Ministerio Público o Carabineros.

Según el ente persecutor, el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), creado en la IV División del Ejército, con asiento en la ciudad Coyhaique en la década de 1950, administraba los dineros que en forma voluntaria depositaban militares de dicha dotación. Fondo que fue utilizado con otros propósitos, provocando su desfinanciamiento, por lo que el Ejército recurrió al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes. Mecanismos que permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por la suma de $2.811.652.230 (dos mil ochocientos millones, seiscientos cincuenta y dos mil doscientos treinta pesos).

En tanto, la arista que se sigue por estos mismos hechos en contra de personal activo de ejército se sigue investigando a través de la justicia militar.