El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a un dirigente sindical sometido a torturas en la región Metropolitana,  en 1981

En la sentencia (rol 33.145-2019), la jueza Karen Acevedo Vicencio consideró que se encuentra acreditado que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

“Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, el actor detenta, la condición de “Víctima de Prisión Política y Tortura”, detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber sido militante de las Juventudes Comunistas y por haberse manifestado contra la dictadura.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y sicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del Estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Por lo expuesto, esta sentenciadora concluye que dicha situación produjo en el actor daños que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo posible tolerar que en la especie los agentes del Estado actuaran de manera reprochable y contrarios a los derechos que tanto la legislación interna como internacional protegen, por lo que el Estado debe responder por ello”, dice el fallo.

Agrega: “Que con la documental rendida por la parte demandante y no objetada por causal legal, en su oportunidad, se puede establecer que está reconocida su calidad de “Preso Político y Torturado”(Nómina de personas reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde la demandante ocupa el lugar Nº4375, y por el informe psicológico acompañado al proceso, más los documentos agregados a folio 30, ya referidos, es posible advertir que una persona que es violentada física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufre perjuicios, daño emocional y secuelas tanto físicas como psicológicas que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados y que corresponde a la consecuencia normal de la detención, prisión, tortura y persecución sufridos por el actor”.