El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Daniel Alejandro Silva Huerta a la pena  de presidio perpetuo y  a Óscar Daniel Cantillano López a la pena de presidio perpetuo calificado  como autores del delito consumado de secuestro calificado con resultado de muerte al conductor de taxi colectivo Juan González Farfán. Ilícito perpetrado el 13 y 14 de enero de 2022.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Claudio Correa Zacarías (presidente), Andrea Santander Guerra (redactora) y Roxana Valenzuela Reyes– estableció que cerca de las 20.30 horas del 13 de enero de 2022, Juan González Farfán salió de su domicilio en Villa Alemana para trabajar en su actividad de chofer de colectivo de la línea Los Corceles y mientras realizaba su recorrido habitual, fue requerido por Daniel Silva Huerta en Viña del Mar y se trasladaron a Valparaiso, a un domicilio de Playa Ancha.

En dicho lugar  la víctima fue retenida por los tres sentenciados quienes utilizando violencia e intimidación lo privaron de su libertad,  exhibiéndole un  arma de fuego tipo fusil, amenazando con matarlo y exigiéndole la entrega de sus claves bancarias. Mientras mantenían encerrado y retenido, los sentenciados decidieron dar muerte a la víctima para lo cual realizaron maniobras homicidas sobre el cuerpo del afectado que le ocasionaron sangramiento y finalmente su muerte  durante la noche que media entre los días 13 y 14 de enero de 2022. Posteriormente, los sentenciados pusieron el cuerpo de Juan González Farfán en el maletero del mismo móvil y ocultaron su cadáver, del que no se tiene noticia hasta la fecha.

Los jueces aplicaron  -además-  a los sentenciados Cantillano López y Silva Huerta, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del condenado y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad en el máximo que establece el Código Penal, esto es, durante cinco años.

El tribunal condenó, también,  al adolescente F.A.S.O. a la pena de 9 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social  y absolvió a los sentenciados de los cargos formulados en su contra como autores del delito de robo con violencia.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso determinar la huella genética de los sentenciados Silva Huerta y Cantillano López y su inclusión en el registro de ADN de condenados.