En junio de este año parte en la región del Biobío la implementación de la Ley de Monitoreo Telemático, que considera el uso de tobillera, brazalete electrónico u otra forma de control en causas penales de violencia intrafamiliar (VIF). Para que esto se haga de la mejor manera, la Corte de Apelaciones de Concepción organizó este jueves 4 de mayo una jornada de conversación –de carácter híbrido- en la que diversas instituciones plantearon los nudos críticos que se vislumbran en su aplicación.

Esta medida de protección se podrá usar cuando se decrete la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, el resguardo de una víctima de VIF  o como requisito para la suspensión condicional de un procedimiento, siempre y cuando exista una evaluación de riesgo y de factibilidad de su aplicación.

La actividad fue liderada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas Vargas y como moderador ofició el ministro Rodrigo Cerda San Martín, presidente del Comité de Género y No Discriminación del tribunal de alzada. Asistieron más de 100 funcionarios, entre jueces y administradores de tribunales, y el defensor regional Osvaldo Pizarro Quezada.

Como expositores estuvieron Andrea Sifri Espoz, jefa del Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería; la jueza Maria Loreto Pozo, del Juzgado de Familia de Concepción; la capitana Jessica Cortes Neira, encargada de DD.HH. de la VIII Zona de Carabineros de Chile; la fiscal Marcela Bustos Parada, de la Fiscalía Local de Concepción y la abogada de Sernameg Mónica Acuña Araya.

La ministra Rivas mencionó sobre la jornada que “esta es la primera de varias actividades que la Corte realizará en conjunto con Carabineros, PDI, Ministerio Público y Sernameg. Es necesario coordinar a todos los actores que vamos a intervenir en la aplicación de la nueva ley y precisamente esta coordinación es la que va a permitir la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que según estadísticas del Ministerio de la Mujer, uno de cada tres femicidios se cometen en contra de mujeres que han hecho denuncias previas y que la protección que el Estado les ha brindado no ha sido suficiente”.

“Es muy importante la actividad porque cada institución dio la evaluación de sus nudos críticos, que nos permitirán implementar medidas para salvar aquellas deficiencias. Tenemos la experiencia de la aplicación de la ley en otras regiones, de manera tal que a partir de eso todas las instituciones podemos prepararnos mejor para dar respuesta al cumplimiento de la ley”, agregó.

Entre las posibles complicaciones que se mencionaron en la actividad está la dificultad en Carabineros de aplicar la pauta unificada de riesgo en el lugar donde ocurre el delito y la alta carga de trabajo de los tribunales, que puede complicar el agendamiento de audiencias para revisar las medidas cautelares, entre otros.