La ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, expuso en el Seminario Internacional “El Impacto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (Corte IDH) en Chile y sus desafíos" que se desarrolló en el marco del 157 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile.
La actividad, realizada en la Aula Magna de la casa central de la Universidad de Chile, tuvo como finalidad reconocer a la trayectoria de la expresidenta y exjueza chilena de la Corte IDH Cecilia Medina Quiroga y contó con tres paneles dedicados a la relación del sistema interamericano con el orden jurídico chileno.
La ministra Vivanco expuso en el panel “Grupos en situación de vulnerabilidad y nuevos desafíos en materia de derechos humanos: estándares internacionales y experiencia comparada en Chile”. La autoridad recordó que Chile y sus tribunales forman parte del sistema interamericano desde 1990 y destacó que la judicatura debe tener en cuenta tres ejes para garantizar el acceso a la justicia. Ellos son: enfoque diferenciado, interseccionalidad , que existan acciones y recursos para concretarlas.
Posteriormente, se refirió a los trabajos del subcomité de Acceso a la justicia de Grupos Vulnerables y de Lenguaje Sencillo, que ella preside, y sus distintas iniciativas, destacado los protocolos. La ministra ahondó en las recomendaciones de estos documentos, tales como la importancia de que las resoluciones se expresen en términos comprensibles, el buen trato a los usuarios y la necesaria infraestructura de los tribunales para garantizar el acceso tanto físico como informativo.
“Se ha discutido cuál es el impacto y la llegada que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho chileno. A mí me ha correspondido ver el tema en específico cómo la Corte Suprema ha recogido esos principios en los trabajos de protocolos que tienen que ver con la protección de las personas más vulnerables. Desde ese punto de vista, nos sentimos muy cerca de esos principios que se han desarrollado por el sistema interamericano a propósito de la no discriminación arbitraria, de la protección de la identidad de género, de la educación de las personas más vulnerables e incluso de aquellas sentencias que refieren a discriminaciones que han acontecido en causas penales como ha sido el caso Norín Catrimán”.
En su exposición, la autoridad resaltó la importancia que la nueva Constitución contenga los principios del sistema interamericano y tratados internacionales. “Nosotros hemos sido muy enfáticos procurando que los comisionados expertos en esta etapa del proceso constitucional consideren la importancia del sistema interamericano de establecer cuáles son los rangos asociados con los tratados internacionales como normas que se insertan también en el ordenamiento jurídico chileno, cuál es la importancia de esa jurisprudencia y cómo podría desarrollar su sistema de control de convencionalidad. Todos esos elementos van de cara y dirigidos a que exista mayor certeza y seguridad jurídica y por eso pretendemos que se consideren dentro de la agenda de lo que se está discutiendo hoy en el modelo constitucional y en esa medida esperamos seguir aportando”.
Poder Judicial y perspectiva de género
Durante el seminario, la secretaria técnica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, María Soledad Granados, participó en el panel “Género y Derechos Humanos”, junto a las académicas Ximena Gauché de la Universidad de Concepción, Lidia Casas de la Universidad Diego Portales y Yanira Zuñiga de la Universidad Austral de Chile.
En la sección moderada por la jueza de la Corte IDH, Patricia Pérez, María Soledad Granados se refirió a la experiencia del Poder Judicial en la incorporación de la perspectiva de género, destacando que su implementación ha sido en gran medida “gracias a como la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido definiendo claramente el objetivo público de que es necesario incorporarla para garantizar un efectivo a la justicia a todas las personas en base a los principios de igualdad y no discriminación”.
Asimismo, la secretaria técnica, resumió en cinco puntos el trabajo realizado en esta materia por el Poder Judicial, señalando que "ha sido en base a evidencia; con un marco normativo estipulado en una política, aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en 2018; el avance ha sido institucional; la participación ha sido clave durante todo el proceso junto a la cooperación interinstitucional"