El Juzgado de Familia de Puerto Varas elaboró e implementó un protocolo para el abordaje, análisis y seguimiento permanente de los casos complejos de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección, con el fin de brindarles una atención integral, prioritaria, rápida y eficiente en materia de salud y programas de intervención.

El juez presidente del tribunal, Rodrigo Riquelme Mendoza, indicó que la iniciativa consta de tres etapas y se implementó como piloto en diciembre de 2022, impulsada por la jueza presidenta de ese entonces, Paloma Sepúlveda González, en conjunto con el consejero técnico coordinador, Pablo Guzmán Vega.

“La primera etapa es la calificación de un caso como complejo, que realiza el consejero técnico en base a lineamientos aprobados por un decreto económico, respecto la gravedad de la vulneración del derecho del niño o niña o adolescente, la posibilidad de trabajar con su familia de origen o su permanencia prolongada en una residencia, entre otros”, explicó.

“La segunda etapa –continuó- consiste en el análisis bimensual de estos casos, mediante una reunión entre el consejero técnico y juez, para analizar periódicamente todas las medidas necesarias para tener visualizado al niño, niña o adolescente que es sujeto de una medida de protección. La tercera etapa consiste en una reunión entre el consejero técnico, el programa ambulatorio tratante, la residencia y curador ad litem, con la finalidad de llegar a un acuerdo, respecto a las mejores medidas en pos del bienestar del niño o niña o adolescente”.

El magistrado destacó que la implementación del protocolo ha permitido que la respuesta de la red sea más rápida y que las medidas que se adopten tengan mayor eficacia, al ser previamente coordinadas, “que es básicamente lo que nos impone el artículo 57 de la ley 21.430, sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la infancia”, enfatizó.

“Además, ha permitido mejorar el horizonte de agendamiento de audiencias, toda vez que las causas de audiencias de revisión, que por su naturaleza requieren un tiempo mayor de agendamiento, se han podido reducir, dando espacio para dar cumplimiento por parte del tribunal a la legislación vigente, en orden a fijar audiencia de medidas de protección y de violencia intrafamiliar dentro del plazo lacónico que establece la ley”, agregó.

Abordaje interdisciplinario
La jueza Paloma Sepúlveda, por su parte, destacó que lo positivo del protocolo “es que en esta reunión que se sostiene con el consejero técnico y los intervinientes se genera una sinergia, una conversación distinta a la que puede generarse formalmente en una audiencia, por lo tanto, se llega a abordar puntos que tal vez en una audiencia de revisión no son susceptibles de ser abordados de la misma manera, con la misma óptica, porque también vienen las triadas de los curadores ad litem involucrados, entonces genera una mirada distinta y permite un abordaje interdiscplinario de esta medida de protección”.

La magistrada indicó, además, que durante la ejecución del protocolo se advirtió la necesidad de radicar las causas en una dupla de juez y consejero técnico. Así también, se espera implementar a futuro una nueva clasificación de caso complejo. “Primeramente se partió por buscar como caso complejo aquellos casos donde los niños, niñas o adolescentes están sujetos a custodia estatal y ahora, durante la ejecución del protocolo, hay intervinientes de medidas de protección donde los niños están bajo el cuidado de sus progenitores, que por la gravedad de la vulneración los programas han solicitado incorporar estos niños en el protocolo de casos complejos”, indicó.

La jueza del tribunal lacustre añadió que compartieron esta iniciativa con el Comité de Buenas Prácticas en materia de la Política de Infancia del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. “La hemos visto como positiva y lo hemos compartido, como una forma de facilitar el trabajo y compartir nuestra experiencia con otros tribunales”, resaltó.

Finalmente, el consejero técnico del Juzgado de Familia de Puerto Varas, Pablo Guzmán Vega, calificó la experiencia como fructífera. “Ha facilitado todo lo que tiene que ver con el proceso interventivo y los usuarios han recibido una atención integral y de mayor calidad y también mucho más rápida y oportuna, sobre todo con el sector de salud, que es con el cual los niños, niñas y adolescentes o la gran mayoría, requieren de atenciones como casos prioritarios en este sistema de salud”, afirmó.

El consejero resaltó, entre las ventajas del protocolo, que permite brindar una atención de calidad, más coordinada y unificada, en la medida que “facilita mucho los procesos realizados y mejora la calidad de la intervención, a objeto de no generar una sobreintervención”, concluyó.