La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las Oficinas de Defensa Laboral Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana (CAJMETRO) organizaron –el 16 de marzo-  la jornada “Por un trabajo digno e inclusivo para la fuerza laboral migrante en chile”, en la cual expusieron la directora (s) Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), Francisca Terminel, y la magistrada 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Claudia Tapia.

La iniciativa tuvo por objeto reflexionar sobre la nueva legislación migratoria desde una perspectiva de derechos humanos mediante el fortalecimiento de los conocimientos legales a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia de la población migrante en Chile. La jornada estuvo dirigida a abogados, académicos y expertos que se desempeñan en materia laboral de forma diaria.

Es por ello, que la participación del Poder Judicial permitió “Dar a conocer la experiencia, como operador de la justicia o juez que recibe precisamente migrantes, ha tenido con el avance de los casos de extranjeros dentro del ámbito laboral. Y cómo la justicia ha podido ir enfrentando este fenómeno de la migración, que ha ido incrementando”, señaló la magistrada Tapia.

A su vez, la subdirectora (s) de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), Francisca Terminel, presentó el Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables de personas migrantes y sujetas a protección internacional, elaborado por la Corte Suprema, “Este tipo de instancia nos da la oportunidad de difundir el trabajo que está realizando hace más ya de 6 años el Subcomité de Acceso a la Justicia y Grupos Vulnerables que actualmente lidera la Ministra Ángela Vivanco y que ha generado un acervo importante para la comunidad judicial”.

Los organizadores de la actividad realizarán un decálogo con las principales conclusiones de la jornada, que destacará las contribuciones de la migración en Chile, y brindará orientaciones para la atención de la población migrante en materia de acceso a la justicia, el cual se pretende sea aplicado por los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial.