El Juzgado de Garantía de Cañete dejó hoy –viernes 10 de marzo– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Walter Fernando Araneda Parra, Ricardo Alejandro Escobar Orellana, Guillermo Segundo Meza Huichalao y Felipe Eduardo Videla Rojas, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos, entre otros,  de asociación ilícita, sustracción de madera y lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde principios de 2020, en la comuna de Contulmo.

En la audiencia de formalización (causa rol 748-2022), el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó el ingreso de Araneda Parra, Escobar Orellana, Meza Huichalao y Videla Rojas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

En tanto, con arresto domiciliario total quedaron las imputadas Verónica del Carmen Parra Orellana y Zunilda Maribel Arellano Riquelme; con arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados, José Jacob Flores Lobos, Lucas Manuel Valencia Alarcón y Eduardo Ernesto Valencia Alarcón; y firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados, Gloria Ester Cheuquelao Contreras y Sebastián Ignacio Toledo Padilla.

En la causa, Araneda Parra enfrenta, además, cargos como autor de los delitos consumados de receptación, hurto y aumento indebido de crédito fiscal, a través de IVA; Escobar Orellana, como autor de los delitos consumados de receptación y aumento indebido de crédito fiscal; Videla Rojas, como autor de los delitos consumados de receptación reiterada, facilitación de facturas falsas;  Valencia Alarcón, como autor de los delitos de receptación y hurto, y Flores Lobos, como autor del delito consumado de hurto.

Según el ente persecutor, a partir de inicios de 2020, en la comuna de Contulmo, los imputados se organizaron con roles definidos para cometer delitos de hurto y receptación de madera. Organización que era liderada por Araneda Parra, secundado por Escobar Orellana; en tanto, Meza Huichalao se encargaba de la contabilidad. Los demás cumplían funciones como conductores u otras vinculadas a asegurar el éxito del actuar delictivo del grupo.

Para dar la apariencia de legalidad, la organización creó las empresas: Sociedad Inversiones Forestales Los Coigües SpA, constituida por Escobar Orellana; y la Sociedad Transportes e Inversiones Forestales Santa Zunita SpA, Arellano Riquelme, pareja del líder Araneda Parra, las que eran utilizadas para emitir documentación tributaria falsa para el traslado y comercialización de la madera.

En dicho contexto, en al menos ocho ocasiones, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, camiones pertenecientes a la agrupación transportaron madera sustraída de los predios Paillahue y Elicura (de Forestal Mininco), fundo Chan Chan (Forestal Arauco) y Antiquina (Bosques Arauco). En una de estas ocasiones, personal de Carabineros concurrió al lugar, pero se encontraron con el camino bloqueado e, incluso, fueron atacados con disparos.

En total, durante el periodo indagado, la banda logró sustraer 565 metros cúbicos y 23 metros ruma de pino, los que fueron avaluados en $39.292.190. La madera era trasladada a una propiedad de la localidad de Calebu, comuna de Contulmo, donde funcionaban un aserradero y “oficinas administrativas” de la agrupación delictiva y, en un terreno aledaño, un taller donde guardaban y reparaban los vehículos utilizados, algunos de los que eran guardados en la casa de Araneda Parra, ubicada en el sector. En total la asociación ilícita contaba con seis camiones, cuatro remolques, un trineumático, un skider y dos camionetas.

Asimismo, durante su operación, la organización emitió documentos tributarios falsos por $258.228.667, lo que le permitió a la empresa “Los Coigües” rebajar la declaración de IVA, obtener un crédito fiscal y pagar impuestos sensiblemente menores a los “reales”. Asimismo, para justificar el crédito y la adquisición de madera ilícita, generaron documentación tributaria, provocando un perjuicio fiscal de $43.102.822. Además, obtuvieron otras facturas falsas por un monto total de $454.461.000.

El dinero obtenido ilícitamente era lavado a través de diversas fórmulas; tales como hacer retiros parciales, la adquisición de vehículos o inscripciones a nombre de terceros.