El Juzgado de Garantía de Iquique dejó hoy –martes 13 de diciembre– sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional del ex intendente regional Miguel Ángel Quezada Torres; su jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional Jhonny Muñoz Cancino, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, año en que ejercían los cargos públicos.

En la audiencia de formalización (causa rol 6.553-2020), el magistrado Frederick Roco Alvarado rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y, tras abrir debate, decretó las medidas cautelares que consideró adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación de 12 meses.

En tanto, el tribunal impuso la medida cautelar de arraigo nacional a los empresarios y coimputados Juan Carlos Ayala Brito, Lorena Andrea Barrientos Ramírez, Ximena Andrea Ciudad Varela, Dimitri Andrés Díaz Neira, Ricardo Alexis Percic Becerra y Jorge Ignacio Venegas López, imputados por el Ministerio Público por el mismo delito.

Según el ente persecutor, en marzo de 2020 Quezada Torres se desempeñaba como intendente regional de Tarapacá; Plaza Bravo era su jefa de gabinete y Jhonny Muñoz Cancino, jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional. Mes en que se decretó zona de catástrofe en todo el país, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual permitió a los imputados disponer de fondos públicos extraordinarios destinados a solventar ayudas sociales, a través procesos de contratación directa.

En dicho contexto, el lunes 20 de abril de 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190 millones (mil ciento noventa millones de pesos) del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá, para la adquisición de 23.113 canastas o cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: “Alimentos para Chile”.

Las adjudicaciones por trato directo favorecieron a tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, de Dimitri Andrés Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra, por 8.006 cajas por un monto total de $407.857.664; Sociedad VyL Deportes Limitada, en la cual es socio Jorge Venegas López, por 7.650 cajas y un valor de $391.527.000, y Lorena Barrientos Ramírez (como persona natural) por 7.457 cajas por un valor de $391.492.500, y que, finalmente, actuó como testaferro de la empresa CyA Eventos Limitada, de Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Andrea Ciudad Varela, que se encontraba inhabilitada para celebrar contratos con el Estado.

Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de 232 millones de pesos.

En paralelo, y también como parte del programa “Alimentos para Chile”, el Gobierno Regional de Tarapacá gestionó recursos adicionales por más de $1.192 millones, aprobados a través de la asignación directa del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2020. Estos recursos se entregaron mediante convenios de transferencia directa permitiendo adquirir 22.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza.

En esta arista, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, Young Men's Christian Association) y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, presentaron proyectos para ejecutar dicho plan de ayuda social mediante modalidad de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional. Así, para YMCA se destinó más de 946 millones de pesos, mientras para la Asociación de Municipios Rurales se destinó más 246 millones de pesos.

En ambos casos, los proveedores que prestaron el servicio fueron los mismos de la primera etapa. Por intermedio de YMCA fueron la Sociedad VyL Deportes Limitada, que contrató la confección y distribución de 6.000 cajas por más de 326 millones; la empresa CyA Eventos SpA que contrató la confección y distribución de 6 mil cajas por un monto de más de 314 millones, a los que se sumó la empresa Estudio LD SpA, cuyo propietario es Gabriel Díaz Durán, que se adjudicó seis mil cajas por más de 313 millones. Por el lado de la Asociación de Municipios Rurales se adjudicó a la empresa Lineal Producciones SpA, de Gunther Ziller Arjona, la adquisición de 4.680 cajas de alimentos por más de 237 millones.

Según la fiscalía, se pudo establecer que tanto YMCA como la Asociación de Municipios Rurales fueron utilizados como intermediarios, ya que solo canalizaron la propuesta a la Intendencia Regional para la aprobación de recursos de manera formal, modalidad que les permitió acceder a dichos recursos públicos, pues los formularios de postulación de los proyectos fueron llenados por la funcionaria encargada del 6% del FNDR, a solicitud de la entonces jefa de gabinete del intendente.

Los precios de las cajas fueron validados bajo el argumento que dichos valores estaban conformes al precio mercado de la época; sin embargo, los precios por unidad de caja eran muy similares a los utilizados en la modalidad de trato directo, determinándose un sobreprecio de más de 282 millones de pesos, según informe de Contraloría.