La Corte de Apelaciones de San Miguel junto al Tribunal Constitucional organizaron una jornada de derecho de familia y justicia constitucional, instancia creada para compartir experiencias sobre la judicatura y la tramitación de causas de la materia en el tribunal constitucional, particularmente a través de los requerimientos de inaplicabilidad y controles de constitucionalidad.

La actividad -realizada el jueves 24 de noviembre- contó con la participación de la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Soledad Espina; la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yañez, ministros y ministras de ambas instituciones más jueces y funcionarios judiciales.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los ministros del Tribunal Constitucional Cristián Letelier y Rodrigo Pica Flores, la abogada oficial primero Mónica Sánchez, el director de estudios  Manuel Puccio y la jueza del 2ª Juzgado de Familia de San Miguel, Paulina Jerez. 

En su presentación, la presidenta del tribunal de alzada sanmiguelino valoró la instancia de vinculación entre ambas instituciones “la que será de gran aporte para el trabajo de nuestro jueces y juezas de familia de la jurisdicción y para el Poder Judicial en general. Es una gran oportunidad para generar y afianzar los lazos entre ambas instituciones con el objeto de continuar trabajando por brindar el mejor servicio judicial a nuestros usuarios y usuarias”.

En tanto, la presidenta del Tribunal Constitucional indicó que esta fue: “una iniciativa que surge precisamente a partir de los vínculos que los ministros del Tribunal Constitucional y particularmente en este caso del ministro Cristián Letelier, tiene con esta judicatura y de la política del tribunal constitucional de mantener un diálogo interinstitucional permanente. Todos son parte de un sistema que busca garantizar los derechos de las personas y cumplir un objetivo que dice relación, no solamente con la adjudicación de derechos, sino que también, hacer exigible las obligaciones del estado en estas materias, en particular el compromiso de debida diligencia que el estado contrae en función del texto constitucional, pero también, como aquí fue señalado, de las obligaciones internacionales, que en materia de familia, han permitido presentar precisamente el desarrollo de una perspectiva de derecho constitucional para interpretar esta normativa”.

Finalmente, la magistrada Paulina Jerez, del 2º Juzgado de familia de San Miguel, explicó que, “se realizó esta jornada de derecho de familia en conjunto con el Tribunal constitucional a propósito de la propuesta que ha realizado este último en cuanto a la necesidad de poder compartir lo que es la reciente jurisprudencia del Tribunal constitucional versus los nuevos desafíos que enfrenta la juridicatura de familia a propósito de la nueva y abundante legislación en materia familiar, de manera que esta ha sido  una instancia necesaria que esperamos se repita y en la cual hemos podido compartir nuestras experiencias, a propósito de lo que es una normativa. Por ejemplo, como la ley 21430 de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia y por supuesto, todos los desafíos que ella representa”.