El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia en que el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990 y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación .

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida,; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

A la ceremonia asistieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Rios;  el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, autoridades y agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y familiares de los homenajeados.

El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados,  considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos.

“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro en cuanto a que toda vulneración a estos derechos genera un deber de reparación, el que indiscutidamente debe ser integral.

“De este modo, la reparación en esta materia no se agota en la determinación de una responsabilidad penal determinada o de una indemnización pecuniaria específica. También existen acciones concretas de otro orden que, ejercidas dentro de las competencias legalmente establecidas, permiten realzar la importancia de respetar y garantizar valores imprescindibles para toda persona y sociedad, del que fueron desarraigados quienes hoy reconocemos como abogadas y abogados.”, dijo el ministro Fuentes Belmar.

Agregó:   “Puedo señalar, en virtud de lo mandatado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia. El aporte del Poder Judicial en este ámbito no solo se expresa en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales; también desde nuestras funciones no jurisdiccionales existen posibilidades de acción que suman a una reparación integral. Entre ellas, justamente se encuentra la realización de conmemoraciones y homenajes que evoquen las vidas e historias de las víctimas que vieron truncada su posibilidad de titulación por lamentables hechos atentatorios a las reglas básicas de convivencia.

“Esta comprensión de la justicia como un proceso integral es precisamente lo que nos convoca el día de hoy a realizar este acto que, además de su carácter extraordinario, especial y trascendente, es también emotivo.”

Las víctimas

Cecilia Gabriela Castro Salvadores era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)  fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por agentes de la  Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su domicilio ubicado en calle Cano y Aponte N° 1080, departamento A, comuna de Providencia y trasladada al recinto de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, comuna de Ñuñoa y luego al recinto de Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez en diciembre de 1974.

En ambos recintos de detención fue sometida a torturas por agentes de la DINA para entregar a sus compañeros de partido.

En este caso el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse condenó a exagentes de la DINA por el secuestro calificado de Cecilia Castro Salvadores y otros 15 detenidos desaparecidos víctimas de la denominada Operación Colombo en la arista conocida como “Operación Colombo Francisco Aedo y otros” el 30 de mayo de 2017. Sentencia que fue confirmada parcialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de noviembre de 2020 y el recurso de casación se encuentra pendiente en la Corte Suprema.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial de Hospital San Borja Arriarán y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 15 de julio de 1974 en la calle Borgoño al llegar a Independencia y recluido en el recinto clandestino ubicado en Londres N° 38, comuna de Santiago donde fue sometido a torturas y visto por última vez.

En la investigación por el secuestro calificado de Germán Moreno Fuenzalida el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a exagentes de la DINA el 22 de julio de 2015 y el 8 de agosto de 2017 se dictó la sentencia por la Corte Suprema.

Patricio Munita Castillo, militante del MIR,  fue detenido el 13 diciembre de 1973 en un operativo realizado por miembros del Ejército vestidos de civil  y Carabineros de Chile en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de Santiago, donde había buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar junto al dirigente Bautista Van Schouwen. Al día siguiente -14 de diciembre de 1973- los cuerpos de ambos detenidos, Munita y Van Schouwen, son descubiertos  en la vía pública con múltiples heridas a bala recibidas por la espalda.

El 11 de abril de 2017 el ministro en visita Mario Carroza Espinosa dictó sentencia de primera instancia y condenó a un miembro del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio de Munita Castillo. Fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de octubre de 2019 y el recurso de casación pendiente en la Corte Suprema

El cuerpo de Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista apareció calcinado en un camino en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, el 11 de noviembre de 1981, en un vehículo junto a otras tres personas que habían sido detenidas en octubre del mismo año en la comuna de Talca y que habían permanecido detenidas ilegalmente en el cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  Los agentes de estado simularon un falso enfrentamiento entre fuerzas del orden y opositores al régimen de la época, ya que el vehículo apareció en las inmediaciones de la casa particular del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames.

El 29 de enero de 2010 el ministro en visita Joaquín Billard Acuña dictó sentencia de primera instancia contra agentes de la CNI por los homicidios de Juan Soto Cerda y otras tres personas, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema el 18 de diciembre de 2021.

Marco Orlando Letelier del Solar, militante del Partido Socialista, ex ministro del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Washington DC (Estados Unidos) permaneció detenido entre septiembre de 1973 y 1974 en el regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1974 salió exiliado hacia Venezuela y el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en un atentado terrorista con bomba organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.

El ministro en visita de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra el 12 de noviembre de 1993 condenó a exagentes de la DINA por el homicidio de Orlando Letelier del Solar, sentencia que fue confirmada el 29 de mayo de 1995 por la Corte Suprema.