El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, participó en la inauguración del V Foro Internacional de Justicia Ambiental, organizado por el Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago.
En su intervención, el presidente Fuentes dijo que “una de las cosas que, me parece, hemos hecho bien como país, es enfatizar el rol que ocupa la justicia ambiental en nuestras vidas. Sin perjuicio del debate asociado, hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”.
Asimismo, señaló que “quizás nos falta mucho por hacer, y mucho por cambiar, pero es evidente que en nuestro país la situación medio ambiental goza de una relevancia mucho mayor que la que tenía hace una década, y que independientemente de lo que algunos piensan que podría haber sido un escenario ideal, podemos considerar nuestra evolución como un cambio importante en pos de la meta de lograr un país más sustentable y justo”.
Recordando el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, el presidente de la Corte Suprema indicó que: “Debemos tomar medidas que le permitan a la población, reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia... instaurar medidas que aseguren la divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo, debemos emprender acciones de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; debemos posibilitar el uso de mecanismos de interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales, cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho y; aunque no menos importante, debemos compatibilizar la realización de todas estas acciones considerando las necesidades específicas de las personas y comunidades beneficiarias y, especialmente, las de aquellas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad o marginación”.
Agregó que “como puede verse, tras la adhesión de Chile a este instrumento, los requerimientos que impone la demanda por el acceso a la justicia en materia medioambiental han evolucionado de un modo que a la vez es radical y nos deja en una situación de deuda”.
Puntualizó el presidente que “ya no basta con la existencia de instancias y tribunales transparentes y accesibles, o la institucionalidad firme, sólida y transparente que ya poseemos; hoy necesitamos comenzar a invertir tiempo y recursos que nos permitan acercar la justicia medioambiental a la población de manera concreta y específica. Llegó el momento de las acciones positivas. El mismo Acuerdo de Escazú aclara esta circunstancia, cuando específica en la parte final del citado artículo octavo, que los Estados deben dar garantías y asegurar la disponibilidad de recursos llegado el caso, garantizando a los posibles interesados la “asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda. Llegados a este punto, me parece, el llamado que debiésemos hacer es transversal a todas las instituciones involucradas, esto es, juzgados, gobierno, parlamento y administración para realizar un examen interno que nos permita identificar qué tipo de avances pueden realizarse por cada uno de nosotros de acuerdo a los márgenes de nuestro ordenamiento institucional y las distintas competencias que conforman el modelo de justicia ambiental chileno”.
Entre los temas analizados en este Foro están: la resolución alternativa de conflictos ambientales, Constitución y conflicto socioambiental; arbitraje y tribunales internacionales, cumplimiento de sentencias ambientales, fundamentación científica de las sentencias.