Con éxito finalizó la última jornada de simulación de declaración de niños, niñas y adolescentes (NNA) organizada por el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, previo a la próxima implementación de la Ley 21.057 –a partir del 3 de octubre- que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales o violentos.

Por más de dos horas, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros y PDI participaron en este juicio simulado, actividad que en su apertura contó con la presencia del ministro de la Corte de Suprema Diego Simpértigue; el fiscal nacional (s) José Luis Pérez Calaf; el defensor nacional (s) Pablo Aranda; la ministra (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Alejandra Rojas; el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros; la defensora metropolitana sur, Loreto Flores; el seremi de Justicia Jaime Fuentes, diversos representantes de la Policía de Investigaciones de Chile  y Carabineros de Chile y equipos técnicos de las instituciones implementadoras.

En la jornada técnica se presentó el caso simulado de una menor de edad (interpretada por una actriz), víctima de abuso sexual por parte de un familiar, para lo cual se puso en escena una declaración judicial, donde un intermediario realizó las preguntas de los fiscales, defensores y jueces que intervinieron en la audiencia.

Para el juez Nelson González, coordinador nacional de la implementación de la ley 21.057 en el Poder Judicial, la normativa se trata de “un hito, representa un cambio de paradigma en la forma de abordar a un NNA que se involucra lamentablemente en el sistema procesal penal, lo que implica un compromiso de parte de todos los actores del sistema desde que el niño denuncia, desde que el niño devela una situación de esa naturaleza hasta que llega ya directamente al tribunal y tiene que intervenido derechamente por los tribunales de justicia. La importancia de poder realizar un ejercicio de simulación como el de esta naturaleza es ir internalizando en todos los actores del sistema, no sólo en quienes participan, sino también de la comunidad en general de la forma en que el niños, niñas y adolescentes va a ser abordado una vez que ingrese a tribunales, desde que ingresa al sistema con una denuncia un  delito y se le toma una entrevista investigativa videograbada, por lo tanto la internalización es fundamental no sólo para los actores del sistema para que puedan abordar bien al niño, sino también para la comunidad para que sepa y tengan las herramientas para poder denunciar situaciones en que un niño, niña o adolescente se vea involucrado”.

En tanto  la ministra (s) María Alejandra Rojas señaló que “La importancia de esta ley de entrevista videograbada es traer a los adultos al mundo de los niños, niñas y adolescentes, es decir los niños que han sido víctimas de delitos o que han tenido algún grado de participación en uno, tienen el derecho de acuerdo a la convención universal de los derechos del niño a ser tratados como sujetos de derecho y en ese sentido la preocupación del Poder Judicial ha sido introducirse en su mundo para efectos de comprender su lenguaje y no revictimizarlos al momento de ser interrogados. Es un paso muy importante no sólo para la judicatura de San Miguel y el país en general sino para  que la sociedad comprenda que los niños son sujetos de derecho y deben ser tratados de una manera  tal que podamos comprender lo que les ha sucedido para tomar las decisiones procesales y judiciales que sean más acertadas de acuerdo al relato de los menores sin re victimizarlos”.

Finalmente, el ministro Diego Simpértigue indicó que “sin  duda, dentro del concepto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es tremendamente importante la implementación de este ley de entrevista videograbadas  aun cuando debemos reconocer que es un gran desafío y felizmente tenemos jueces y juezas preparados  para estos efectos y hoy han demostrado que han hecho un  buen trabajo de  formación y esperamos que  esto se pueda replicar en todo el país y no tengo la menor duda que  con la capacidad de todo el personal del Poder Judicial vamos a poder desarrollar un buen trabajo. La participación del intermediario para estos efectos  es muy novedosa por  la relación entre quienes hacen las preguntas: fiscal y defensor. Hablamos de proceso penales en que están involucrados menores, lo se transmite al juez que preside el tribunal y enseguida es el intermediario quien tiene que  realizar las preguntas a las víctimas y eso es tremendamente complejo porque el intermediario debe estar muy bien preparado porque frente a niños, niñas y adolescentes debe ser una persona que tenga acceso a ellos, que no provoque rechazo  y que  tenga los conocimientos para abordar una temática que desde esa perspectiva les corresponde a ellos”.