En las audiencias de formalización (causa rol 1.356-2018), iniciadas el lunes recién pasado, el magistrado Juan Patricio Silva Pedreros fijó en 6 meses el plazo de investigación, todos los imputados quedaron en libertad, al no haber solicitado el Ministerio Público ninguna medida cautelar.

Según el ente persecutor, el Fondo de Ayuda Mutua, creado en la IV División del Ejército, con asiento en la ciudad Coyhaique en la década de 1950, administraba los dineros que en forma voluntaria depositaban militares de dicha dotación. Fondo que fue utilizado con otros propósitos, provocando su desfinanciamiento, por lo que el Ejército recurrió al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes. Mecanismos que permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por la suma de $2.811.652.230 (dos mil ochocientos millones, seiscientos cincuenta y dos mil doscientos treinta pesos).