La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró la incompetencia absoluta del tribunal de base, el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, para conocer y resolver denuncia por infracción a la cuota de capturas de pesca asignada a embarcación artesanal.

En fallo unánime (causa rol 1.068-2022), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por las ministras Andrea Muñoz, María Cristina Gajardo, los ministros Diego Simpértigue, Raúl Mera y el abogado (i) Eduardo Morales– descartó error de derecho en la sentencia que estableció que le corresponde al recurrente Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la vista del caso, a través de un procedimiento de orden administrativo.

“Que, conforme a lo enunciado, no cabe duda que las normas que regulan el procedimiento sancionatorio administrativo son normas especiales que se refieren a la pesca artesanal extractiva y sus asignatarios, respecto de las infracciones contempladas en el Título IV de la Ley General de Pesca y Acuicultura, entre ellas la relativa al exceso de captura de la cuota global permitida, de manera que por el principio de especialidad y en atención a la naturaleza de la infracción, el procedimiento sancionatorio es administrativo y no sujeto a la jurisdicción de los tribunales civiles, según las normas atingentes, que deben aplicarse de forma preferente a las disposiciones generales contempladas en esa ley”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Por consiguiente, establecidos los preceptos que regulan la cuota global de pesca artesanal extractiva en una zona determinada, y la sanción a quienes la realizan en contravención a sus particulares disposiciones, en un procedimiento de orden administrativo sujeto al Director Regional de Sernapesca, reglado en el párrafo 4° del Título IV de la Ley de Pesca y Acuicultura (artículo 55 letras Ñ y O), a ello debe estarse, y no a las prescripciones generales de los artículos 124 y 125 del Título IX la citada ley, que establecen un procedimiento de orden civil de competencia de los jueces letrados correspondientes para otros casos y destinatarios; conclusión que es concordante con la historia fidedigna de la ley, su espíritu y finalidad que pretende, como se ha dicho precedentemente, un efecto más disuasivo, descentralizado y preponderantemente oportuno, habida consideración que se propugnó que la acción del servicio a cargo de la instrucción y sanción, en ciertos eventos como el de la especie, ha de ser eficaz y eficiente, pues se entregó al órgano de la administración mayores recursos financieros y tecnológicos para ello”.

“Que la protección de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente en general, principalmente desde la década de 1980, ha significado un arduo desafío para un país como Chile con una larga zona marítima costera”, añade.

“Exigencias que –ahonda– evidentemente trascienden el espacio administrativo y jurisdiccional, en el empleo de estrategias efectivas para contener, regular y sancionar un fenómeno que pone en riesgo la existencia del ecosistema y su debida integración y armonía. En el informe sobre ‘La Legislación Pesquera y las modificaciones producto de la Ley N° 20.657’, de la Biblioteca del Congreso Nacional, realizado por Leonardo Arancibia Jeraldo el año 2014 se dejó constancia: ‘A partir de la década de los ochenta comienzan a presentarse las primeras medidas de restricción de acceso y asignación de cuotas de captura, asociadas a los desembarques que llegaron a máximos históricos y generaran temas de sobreinversión pesquera que desembocaron en problemas con los recursos y la necesidad de reorganizar el sector’. El diseño, en los últimos años, consideró crear y potenciar la administración del Estado por medio de ‘atribuciones consultivas o resolutivas dependiendo de la materia tratada, la categorización de los pescadores en industriales y artesanales, el establecimiento de un área de reserva de 5 millas para la pesca artesanal, el manejo de pesquerías por cuotas de captura, la regionalización de las operaciones de los pescadores artesanales y el establecimiento de áreas de manejo para la pesca artesanal (…), sentar las bases para la acuicultura y el establecimiento de zonas protegidas (áreas marinas y reservas)’”.

“Fue en esa dirección que se instauraron distintos procedimientos de instrucción y sanción para las contravenciones a las normas reguladoras, según fuere la necesidad de actuar oportunamente en la protección del ambiente marino y sus especies”, afirma la resolución.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, diseñado entonces un procedimiento administrativo especial en el artículo 55 letras Ñ y O del párrafo 4° del Título IV de la Ley de Pesca, el mismo compendio desde los artículos 124 y 125 ya consignados, se adscribe al Título IX un apartado denominado ‘Infracciones, Sanciones y Procedimientos’, normativa que es de carácter genérica, según se manifiesta expresamente en el inciso final del artículo 108 referido a las ‘sanciones’, cuando expresa: ‘Lo señalado en el presente artículo es sin perjuicio de otras sanciones que para casos especiales establezca esta ley’”.

“A su vez –prosigue–, el artículo 110, del Título IX, comienza con la misma mención retributiva con sujetos pasivos indeterminados ‘Serán sancionados con multa (…) los siguientes hechos:’. Y se enumeran enseguida distintas contravenciones, entre las que se encuentra la letra f) relativa a ‘capturar especies hidrobiológicas en contravención a lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 3º (…)’. Similar redacción que se emplea en el artículo 112 cuando enuncia la extensión de la punición para los casos de los artículos 110, 110 bis y 110 ter, tanto al ‘capitán o patrón de la nave pesquera industrial’, como al ‘patrón de la embarcación artesanal’”.

Para la Corte Suprema, en la especie: “(…) es necesario tener en consideración que en el sistema procesal las disposiciones legales sobre competencia absoluta del tribunal han sido establecidas por razones de orden público y su falta puede y debe ser declarada de oficio o representada por las partes en cualquier estado del juicio (Casarino Mario, Manual de Derecho Procesal, tomo I, Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, año 2007, pág. 129), y constituye uno de los presupuestos básicos en que se apoya el pronunciamiento de la sentencia que decide el asunto”.

“Que, en consecuencia, no habiendo incurrido el tribunal de alzada en las transgresiones denunciadas, el reproche debe necesariamente desestimarse”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Pablo Gatica Mora, en representación de SERNAPESCA, en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno de la Corte de Apelaciones de Concepción”.