Magistradas, magistrados, consejeros técnicos, funcionarios y funcionarias de las jurisdicciones de Valparaíso, Santiago y San Miguel participaron de una capacitación vía videoconferencia, respecto a la implementación de la ley de monitoreo telemático.

En la instancia de capacitación, en que participaron representantes de 30 juzgados de materias penales, de familia y mixtos de estas tres jurisdicciones de la zona central, se abordaron los alcances de la Ley 21.378, que incorpora la supervisión mediante monitoreo telemático de las prohibiciones de acercamiento que se decreten en las causas de violencia intrafamiliar, con la finalidad de aumentar la protección de las víctimas.

En particular, se informaron aspectos vinculados a la aplicación de la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo y del Protocolo de Protección Inmediata en Violencia contra las Mujeres, además de las estadísticas de las distintas jurisdicciones participantes.

La ministra de la Corte Suprema y coordinadora de la implementación de la ley en el Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich Ruiz, quien encabezó esta capacitación, explicó que, “la Ley 21.378, que regula el monitoreo telemático en causas de violencia intrafamiliar y particularmente, el seguimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento a mujeres víctimas de violencia, propició el fortalecimiento en lo que refiere a la protección de su vida y su dignidad, por lo tanto, sus derechos fundamentales, requirieron esfuerzos en convocar a una efectiva coordinación interinstitucional. Pero, más importante aún, en traspasar los velos que han impedido accionar con mayor eficacia el resguardo de la vida de una mujer en riesgo”.

La consejera técnica del Juzgado de Familia de Limache, Paola Pfeng señaló que “Los juzgados de familia cuentan hoy con una nueva herramienta, a propósito de la pauta de riesgo unificada (PUIR), la que permite fortalecer los mecanismos existentes orientados a resguardar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Es relevante conocer el fenómeno VIF con un fenómeno que debe ser abordado con inmediatez, de manera integral. Nuestra institución cuenta con esta nueva herramienta que en un su conjunto y en su aplicación deben ser revisadas permanentemente para una ejecución que este en armonía no sólo con el resguardo de la víctima sino también con la erradicación de todas sus manifestaciones como la violencia de género, la  violencia institucional o la victimización secundaria”.

Para la jueza Claudia Reyes  del 2° Juzgado de Familia de Santiago, “esta capacitación aporta en el trabajo diario  de la judicatura de familia puesto que tiende a explicar las coordinaciones que desde las secretarias especiales se han hecho con las distintas entidades que participan en su aplicación. Así por ejemplo, levantar sólo una PUIR (pauta unificada de riesgos), para evitar la victimización secundaria, sólo requiere una coordinación con Carabineros. Asimismo, las coordinaciones establecidas con las fiscalías y juzgados de garantía, pese  a que la ley aún no rige respecto de ellos; sobre todo en materia de ejecución de la cautelar de prohibición de acercamiento a través del dispositivo telemático. De gran relevancia fue saber que para que Gendarmería pueda ejecutarlas en la práctica y la protección para las personas en riesgo alto sea efectiva,   la medida cautelar no debiera decretarse con prohibición de acercamiento a menos de 1000 metros, porque ellos requieren un lapso mínimo para acudir”.

En tanto la jueza Paulina Jerez del 2° Juzgado de Familia de San Miguel indicó que “me pareció una actividad de la mayor relevancia, dado que ya llevamos un tiempo de aplicación de la ley y es importante conocer las dificultades, e inquietudes q han surgido a propósito de ella. Valoro la instancia, pues nos permite conocer y compartir las realidades de otros tribunales, así como también las buenas prácticas que se pueden replicar. Además, es evidente que estas instancias son muy necesarias y se deben seguir replicando, para que logremos nuestro objetivo de otorgar la debida protección a nuestras personas usuarias víctimas de violencia de género, relevando que esta es una labor permanente que nos convoca a estar preparados de la mejor manera, para así cumplir nuestro cometido”.