La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto en representación de trabajadora y le ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de una nueva evaluación médica para determinar el grado de incapacidad laboral que presenta la recurrente y si la patología que presenta corresponde a una enfermedad profesional.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Droppelmann, Rodrigo Cortés y el abogado (i) José Luis Alliende– acogió la acción constitucional de protección, tras establecer que la resolución recurrida vulnera las garantías constitucionales de la trabajadora recurrente.

“Que del examen de la resolución recurrida, se desprende que la autoridad administrativa resolvió conforme a informes evacuados por profesionales médicos, sin contar con nuevos antecedentes ni evaluaciones médicas de la recurrente, resultando infundada dicha decisión toda vez que no se hace cargo del motivo por el cual innova los anteriores diagnósticos de la actora”, afirma el fallo.

La resolución agrega: “Que al haberse dictado la resolución recurrida, sin la debida fundamentación, se ha vulnerado lo dispuesto en los incisos 4° y 6° del artículo 41 de la Ley N° 19.880 y con ello perturbado también la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido, del modo que se indicará”.

Por tanto, se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto “(…) en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la resolución exenta N° R-01-UME-11503-2022, de fecha 28 de enero de 2022 y, ordenándose a la autoridad recurrida disponga la realización de una nueva evaluación a la actora, que incluya exámenes físicos, para resolver la naturaleza de su diagnóstico y, en su caso, determinar el grado de su incapacidad laboral”.