Corte de Arica confirma la prisión preventiva de imputada por asociación ilícita para el tráfico de migrantes

23-junio-2022
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ordenó la permanencia de Sulma Ayma Moya de Ayca en el complejo penitenciario de la comuna de Alto Hospicio, por compartir que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva de Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca, imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado y reiterado de tráfico de migrantes y asociación ilícita para el tráfico de migrantes. Ilícitos perpetrados desde 2013, en sectores fronterizos con Perú y Bolivia.

En fallo unánime (causa rol 300-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros María Verónica Quiroz Fuenzalida, Héctor Gutiérrez Massardo y el abogado (i) Hans Duarte Fernández– ordenó la permanencia de Ayma Moya de Ayca en el complejo penitenciario de la comuna de Alto Hospicio, por compartir que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Atendido el mérito de los antecedentes expuestos por los intervinientes en estrado y teniendo en consideración que se reúnen respecto de la imputada Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca, todos los requisitos señalados en el artículo 140 del Código Procesal Penal y, en relación a los estatuidos en las letras a) y b) de dicho precepto, únicos discutidos en la audiencia, cabe señalar que lo expresado por su defensa en relación a que se encontraría extinguida la responsabilidad penal de Moya de Ayca debido a que fue condenada por los mismos hechos en otro tribunal, en una jurisdicción distinta, cabe señalar que dicha alegación corresponde efectuarla en una instancia diversa a la que motiva el presente recurso y teniendo en consideración el número de delitos por los cuales se encuentra formalizada y la gravedad de los mismos SE CONFIRMA la resolución apelada dictada el trece de junio del año en curso en la causa RIT 2667-2016, RUC N° 1600073321-4, del Juzgado de Garantía de esta ciudad”, sostiene el fallo.

Según el ente persecutor, la imputada formaba parte de una organización criminal que desde junio de 2013, se dedicó al tráfico de migrantes, principalmente de nacionalidad dominicana, a quienes se les cobraba montos de entre 200 y 3.000 dólares, dependiendo del tramo que debían desplazarse por el continente para, finalmente, ingresarlos al territorio nacional por pasos no habilitados de la frontera con Perú y/o Bolivia.

 

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