La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco dijo hoy -martes 7 de junio- que “el verdadero acceso a la justicia implica la comprensión de los procesos y sus resultados, sus riesgos eventualmente y que es lo que se puede esperar de la justicia”, al ser consultada por la necesidad de potenciar el uso del lenguaje claro y sencillo en las instituciones del Estado.

 En el habitual punto de prensa de los martes, la ministra destacó el lanzamiento de una red panhispánica de lenguaje claro que se efectuará el jueves 9 de junio, desde la Corte Suprema de Chile, ceremonia que contará con la asistencia del director de la del Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

“Es un tema muy importante. El Poder Judicial tiene una comisión específicamente dedicada al lenguaje claro. Me honro en presidirla, con posterioridad al ministro Carlos Aránguiz, quien desgraciadamente falleció,  y que fue un gran impulsor del lenguaje claro en el Poder Judicial”.

Según explicó la ministra, “este tema no solamente es un asunto puramente cultural o intelectual, sino que tiene un aspecto muy práctico: en otras palabras es muy importante que las leyes se redacten en lenguaje claro y comprensible;  que la Constitución cuente con un lenguaje claro y comprensible y que las personas en todos aquellos procedimientos en que se acercan al Poder Judicial los puedan comprender fácilmente y en consecuencia la explicación que reciban de ellos sea adecuada y que, en el fondo, decodifique la información adecuadamente para que cualquier persona la pueda entender”.

Dijo la vocera que es importante este tema “asociado al debido proceso y los derechos de las personas, y por supuesto con adecuada y eficiente administración de justicia”.

Por eso, señaló surgió la idea es hacer esta red “para que distintos países suscriban un protocolo básico de lenguaje claro y que tiene que ver con esas garantías que son propias del mundo moderno y desde ese punto de vista para nosotros es un honor recibir a (Santiago) Muñoz Machado en la Corte Suprema y poder iniciar esta tarea de red de lenguaje claro como lo ya estamos haciendo en Chile”.

En otra temática, consultada por la situación de la denominada macrozona sur y las amenazas a fiscales del Ministerio Público y alcaldes, la ministra Vivanco señaló que  “hay muchas situaciones que a veces han involucrado la inseguridad de los magistrados, a veces no sólo por amenaza concretas, sino por la distribución y localización de los mismos tribunales que hacen que el juez quede expuesto a situaciones violentas por parte del público o a situaciones de inseguridad cuando se hacen las audiencias”.

Agregó que “por supuesto manifestamos nuestra preocupación no sólo por los jueces y funcionarios de los tribunales, sino que por toda persona que en razón de su cargo sufra amenazas o sufra cualquier tipo de violencia, eso solamente indica no querer atenerse al Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene a ese respecto que reaccionar adecuadamente”.

“Nosotros cuando ha habido situaciones que comprometan la seguridad de funcionarios, jueces o cualquier persona, incluso público hemos pedido que nos respalde y apoye Carabineros y además hemos pedido dotación de Gendarmería cuando las personas privadas de libertad llegan a tribunales,  así que es de común usanza y le puedo decir que afortunadamente hemos tenido los apoyos necesarios de esas instituciones en resguardo no sólo de los jueces o tribunales, sino que de cualquier persona que concurre como público, familiares y las propias víctimas”

La ministra también fue consultada respecto del anuncio del Presidente de la República de presentar un proyecto de ley que limite la posesión de armas:  “El tema del proyecto que se ha anunciado hay que analizarlo en su mérito, ya que todavía no se conoce y por supuesto que va tener que acudirse a tres fuentes: primero, como lo ha dicho el mismo Presidente, el énfasis tiene que estar dado en que las personas  que realicen cualquier acto criminal no deben tener acceso a las armas, porque  muchas de las armas que estas personas ocupan no son armas inscritas, sino armas que funcionan en el mercado negro o modificadas”.

“El segundo eje es determinar en qué condiciones la población civil puede hacer uso de armas y este es un tema que no sabemos cómo va a venir en el proyecto de ley. Nuestro país no tiene un derecho garantizado a tener armas, como es por ejemplo Estados Unidos -en que hay un derecho constitucional a tener armas-, pero si es importante determinar como un tercer eje si finalmente el tema va a ser restricción o prohibición total. Porque queda la duda o la inquietud, por ejemplo, qué pasa con las personas que ya tienen armas y, segundo, qué es lo que podía pasar en situaciones de inseguridad. Por supuesto que la idea no es que las personas usen sus armas para tenerse que defender sino que sea la fuerza pública la que las tenga”, puntualizó la ministra vocera.