El Segundo Juzgado de Familia de Santiago elaboró un “Protocolo para efectivizar el derecho a la información y participación de niños, niñas y adolescentes (NNA)” con la finalidad dar cumplimiento a lo que dispone la Ley 21.340 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
El protocolo, que se puso en marcha el 18 de abril de 2022, se enfoca en dar a conocer a los NNA sus derechos en el proceso judicial y dentro de sus objetivos, está informarles acerca del derecho a contar con una representación jurídica especializada y autónoma como dispone el artículo 50 de la citada ley.
Lo anterior se materializa mediante la entrega de una cartilla informativa que se acompaña con el proveído de la demanda y/o la realización de una audiencia preliminar informativa de derechos, en la que los NNA tienen la posibilidad de designar un abogado o abogada de un listado de profesionales que, en coordinación con el tribunal, han aceptado trabajar pro-bono para ese fin.
Mónica Jeldres, jueza presidenta del tribunal, indicó que la “iniciativa se implementó con el objeto de dar cumplimiento al rol de garantes de derechos que tienen los jueces de familia, pues la ley ya está vigente y les reconoce el debido proceso, el acceso a una tutela judicial efectiva y a una representación jurídica especializada”.
La abogada de la Universidad de Chile, Daniela Horvitz, voluntaria de este proyecto piloto y quién ya tuvo la oportunidad de defender a una adolescente de quince años en materia de su cuidado personal, destacó la experiencia: “Ella pudo manifestar su parecer libremente en una extensa entrevista que mantuvimos, considerando su autonomía progresiva, edad y nivel de madurez. Lo que yo hice fue llevar a cabo una defensa sobre su interés manifiesto, siendo su voz en ese procedimiento en que ella era el sujeto respecto del cual se tenía que decidir su vida futura.”
Agregó que “el Poder Judicial ha actuado de manera proactiva generando esta solución, toda vez que se encuentra obligado a cumplir con la ley en términos de proveer abogado siempre, y me parece que estas soluciones intermedias dan paso a dejar además en evidencia la absoluta necesidad de que el Estado provea con programas especializados, pero que ahora sean para todos los niños, niñas y adolescentes que se vean inmersos en un proceso judicial”.