Una capacitación presencial realizó la jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral de Santiago, Nora Rosati Jerez, a una veintena de funcionarios de la Policía de Investigaciones que se preparan para ser acreditados como intermediadores en el marco de la implementación de la Ley 21.057, sobre entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescente (NNA) víctimas o testigos de delitos graves.

En la oportunidad, la jueza Rosati -quien además es instructora de la ley 21.057 y parte del equipo de implementación de esta normativa en el Poder Judicial- ofreció una charla a los oficiales policiales que llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago, con quienes visitó las salas especiales del tribunal en donde se realiza la intermediación en un juicio oral. “Como Poder Judicial estamos siempre disponibles para entregar las capacitaciones necesarias a quienes son parte del sistema y asegurar la correcta implementación de la ley. En esta ocasión me referí al protocolo de intermediación, profundizando algunas de sus fases, principalmente previas y de desarrollo, resaltando la importancia del rol del intermediario en la primera fase”, indicó la magistrada.

Por su parte Yasna Guerrero, instructora en Entrevista Investigativa e Intermediación, de dotación del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada (CEIV) de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, comentó que esta visita se desarrolló en el marco del 5to diplomado de Formación de Entrevistadores, como parte del módulo Intermediación en la Declaración Judicial de niños, niñas y  adolescentes.  “En nombre de la comisaria Paola Castellón, jefa del CEIV, y el mío propio, agradezco el constante apoyo del Poder Judicial en el proceso de formación de nuestros entrevistadores, lo cual refleja lo relevante que es el trabajo colaborativo e interinstitucional en la implementación de este ley”, señaló Guerrero.

La tercera y última etapa de la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas –que tiene por objetivo la disminución de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes durante su interacción con el sistema penal- entra en vigencia en octubre próximo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos.