La Comisión Comunidades de Práctica de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dio a conocer el “Manual de buenas prácticas en materia de infancia”, que elaboró como parte del trabajo de implementación de la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción.
La propuesta recoge el resultado del trabajo desarrollado por la comisión durante los últimos seis meses, en base a encuestas aplicadas a jueces y funcionarios, con el objetivo de contribuir a mejorar la tramitación en materia de familia. De esta manera, el manual recoge 12 buenas prácticas en materia de infancia que se propone incorporar a los tribunales de familia y tres orientadas a todos los tribunales de justicia, respetando la legalidad y la independencia judicial.
El ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini Fernández-Dávila, destacó que “el Poder Judicial, en general, y la jurisdicción de Puerto Montt en particular, tienen una preocupación en todos los temas de infancia y, en ese sentido, la Comisión Comunidades de Práctica de la jurisdicción realizó un levantamiento al respecto, para que puedan ser replicadas por todos los tribunales que dependen de esta Corte. Esto en el convencimiento que el ahondar la interacción entre tribunales, finalmente favorece a las niñas, niños y adolescentes que recurren a ellos. De modo que esta información, que se está difundiendo a través de material atractivo y de fácil comprensión, es un aporte de la Comisión referida”.
La instancia, formada al alero de la Mesa Técnica Interinstitucional de Familia de la jurisdicción, es encabezada por la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Varas Paula Caico -destinada actualmente en el tribunal de Puerto Montt- y la jueza del Juzgado de Familia de Ancud Macarena Muñoz, y la integran el juez del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristian Alarcón, la jueza del Juzgado de Familia de Castro María Carolina Prieto, el juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos Andrés Arteag y el juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón Pablo Farfán. Además, participan la supervisora del Centro de Observación y Cumplimiento de Medidas de Protección Andrea Contreras, en calidad de coordinadora y la periodista de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Macarena Moreno.
Encuesta
La jueza Paula Caico explicó que la comisión “surge en el marco de las políticas de efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Excelentísima Corte Suprema, que instala en cada jurisdicción comunidades de práctica, quedando a cargo de los ministros encargados de Familia de cada Corte, y en el caso de la Corte de Puerto Montt, del ministro Patricio Rondinni, quien convoca a algunos jueces de la jurisdicción para la conformación de la comisión”.
Para desarrollar el trabajo encomendado, la magistrada señaló que se decidió abordarlo “por la vía de la elaboración de una encuesta unificada, que fue aplicada a jueces y consejeros técnicos de todos los tribunales con competencia en familia, otra para tribunales civiles, otra para tribunales con competencia en materia penal y una para la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Los resultados fueron tabulados y luego analizados a través de subcomisiones de trabajo; posteriormente, se analizaron las propuestas de las subcomisiones en el pleno de la comisión, consensuando en acotar el número de buenas prácticas a proponer, debido a que teníamos muchas, para hacer más amigable la eventual implementación en los tribunales, atendido a que solo se trata de sugerencias”.
El juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos Andrés Arteaga, en tanto, indicó que la política de efectivización de derechos de niñas, niños y adolescentes implementadas en el Poder Judicial, “persigue desarrollar lineamientos que guíen y orienten el proceso de transformación institucional hacia un modelo que garantice el pleno respeto y la promoción de tales derechos, en concordancia con la Convención de Derechos del Niño”.
El magistrado Arteaga agregó que a la comisión le correspondió identificar, sistematizar y difundir buenas prácticas existente en los tribunales de la jurisdicción, “que justamente apunten a brindar mayor protección de dichos derechos”.
Con respecto a los destinatarios de las buenas prácticas, el juez precisó que están orientadas a “todos los jueces y juezas de los tribunales de la jurisdicción, así como los integrantes de las respectivas unidades judiciales, respetando siempre, en todo caso, la independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional”.