La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a María Cristina Donoso Contreras, quien fue detenida ilegalmente en tres ocasiones por efectivos del Ejército, y sometida a sesiones de torturas en regimiento de San Bernardo, en la medialuna de Maipú y en cuartel de la Policía de Investigaciones, entre diciembre de 1973 y enero de 1974.

En fallo unánime (causa rol 623-2022), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Jorge Zepeda Arancibia, la ministra Lidia Poza Matus y el abogado (i) Michael Camus Dávila– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago.

“Atendido el mérito de los antecedentes, y por compartir esta Corte los fundamentos de la sentencia que viene en alzada, se confirma la sentencia apelada de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, con declaración que los reajustes e intereses se devengan desde que la sentencia quede firme, es decir, desde que se dicte el cúmplase, de conformidad al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil”, consigna el fallo.

Decisión adoptada con la prevención de la ministra Poza Matus, que estuvo por elevar el monto de la indemnización de perjuicios a la suma de $70.000.000, “atendido que las terribles torturas infligidas a la víctima lo fueron en un momento vital de especial trascendencia para ella cual es el puerperio. Siendo sobreviviente además de una segunda y tercera ocasión encierro y apremios junto a su pequeño hijo”.

En primera instancia, quedó establecido: “Que doña María Cristina Donoso Contreras fue detenida en tres oportunidades, entre el 19 y el 25 de diciembre de 1973 en el Regimiento de Infantería San Bernardo; entre el 1 y el 20 de enero de 1974 en el recinto de la medialuna de Maipú; y entre el 24 de enero de 1974 y el 26 de enero de 1974 en un recinto de la Policía de Investigaciones en la Región Metropolitana, donde fue víctima de torturas consistentes en golpes, insultos y abusos sexuales, y en una fecha no determinada de fines del año 1974, salió de Chile hacia Mendoza, Argentina, en calidad de refugiada”.

“Queda asentado, además, que la actora se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I”, añade.