Representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público participaron en una capacitación sobre convenio de préstamo y uso de salas, en el marco de la implementación de la Ley 21.057, de entrevistas videograbadas, que en octubre próximo cumple su última fase con la puesta en marcha en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos.
En la oportunidad participaron por parte del nivel central los equipos a cargo de la implementación de la iniciativa, tanto del Poder Judicial (encabezado por Rocío Arias y Miguel Castro) como del Ministerio Público, mientras que desde las regiones que son parte de la tercera fase participaron los equipos de gestión de las cortes de apelaciones de Valparaíso, Metropolitana, Rancagua y Puerto Montt, además de las unidades de atención de víctimas y testigos y de gerencia e informática de la Fiscalía.
El objetivo del encuentro fue avanzar en la coordinación de quienes son parte del sistema para asegurar la correcta implementación de la ley 21.057. “La invitación de esta primera reunión es que los equipos regionales logren hacer una bajada de la problemática y de todos los desafíos de gestión que hay que comenzar a solucionar y logren llamar a las partes locales a generar acuerdos y por lo tanto, logremos avanzar para prevenir situaciones que se presentaran a partir del 3 de octubre”, señaló la magistrada Nora Rosati Jerez, expositora de la capacitación.
La jueza relevó la importancia de identificar cómo ha funcionado la implementación de la ley en otras regiones: “Debemos saber cuáles son las gestiones y coordinaciones que se deben hacer interinstitucional entre Ministerio Público y Poder Judicial para gestionar lo que tiene que ver con uso y préstamos de las salas, cómo se coordinan esos usos y cómo se hace el cumplimiento del convenio suscrito entre todas las instituciones y el Poder Judicial para el uso común de las salas, además de ver cómo le damos una aplicación regional y local que recoja las dificultades de cada ciudad, de cada tribunal, de cada Fiscalía”, enfatizó Rosati.
La Ley 21.057 de entrevista videograbada -que entró en vigencia en una primera etapa en 2019 y luego la segunda etapa en 2021- regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos graves, teniendo por objetivo la prevención de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (NNA) durante su interacción con el sistema penal.
En ese sentido, la nueva normativa establece que exista un funcionario debidamente formado y acreditado para ejercer el rol de entrevistador y/o intermediario, testificando el NNA en una sala especial habilitada para que entregue su relato en condiciones seguras y resguardando su privacidad.