La orden fue despachada a ambas policías, dando cuenta de los resultados cada 30 días, ordenando conducir a la condenada al Centro Penitenciario más cercano a su detención.

Se debe hacer presente que, en la audiencia de formalización de la investigación, realizada en junio de 2018, se decretó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, de arraigo nacional, y tras la apelación de su defensa, la Corte de Apelaciones la dejó sin efecto ese mismo año, durante la investigación. 

Desde esa fecha, durante el resto del procedimiento ni después de la dictación de la sentencia definitiva que condenó a pena efectiva, no se ingresó solicitud de nuevas medidas cautelares por parte de ninguno de los intervinientes, y ambos tribunales no pueden decretar alguna medida de oficio.