El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar,  encabezó una nueva ceremonia de juramentos de abogados y abogadas, oportunidad en que reiteró la importancia de la independencia e imparcialidad de todos los actores del sistema de justicia.

En la ceremonia de hoy – 4 de marzo- juraron nuevos profesionales desde las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Coyhaique y desde el Palacio de Tribunales de Santiago.

“Hace pocos días, en la inauguración del año judicial, junto con rendir la cuenta pública que la Corte Suprema realiza desde hace más de 100 años, tuve ocasión de referirme a principios y valores esenciales para la jurisdicción, cuya omisión o debilitamiento terminarían desnaturalizando el rol del juez y, por ende, del estado de derecho y de la democracia.  Aprovechando esta oportunidad, creo necesario profundizar en dos de esos principios que no sólo son parte sustantiva del papel de los jueces, sino también de los abogados y abogadas. Me refiero a la independencia y a la imparcialidad, mirados como condición del debido proceso y como garantía del justiciable”, dijo la autoridad.

“La doctrina ha reconocido que es común vincular el debido proceso a aspectos adjetivos del sistema judicial. Si bien la Constitución vigente no consagra en forma exacta el término “debido proceso”, sí reconoce como Derecho Fundamental el “racional y justo procedimiento”, garantía que se manifiesta en el derecho a un tribunal previamente establecido por la ley que conozca de la causa, el debido emplazamiento de las partes, el derecho a defensa, el respectivo examen y posibilidad de objetar la prueba, la posibilidad de deducir recursos y la fundamentación de las decisiones judiciales, entre otras expresiones. Pero también alcanza derechos de corte procesal más específicos que se reconocen en tratados internacionales vigentes en nuestro país, como ocurre con la garantía de un tribunal independiente e imparcial”, explicó.

"Sólo cuando son imparciales e independientes, los tribunales pueden cumplir realmente su función, esto es, resolver los conflictos con legitimidad, manteniendo la paz social.  Pero a diferencia de lo que podría pensarse, ambos elementos no son privativos de la función judicial. Son, también, valores fundamentales para el rol del abogado. Y ello resulta coherente si consideramos que, en realidad, el debido proceso debe cumplirse desde las etapas más tempranas de intervención de la justicia, lo que se inicia ya en el asesoramiento que los profesionales del derecho prestan a sus clientes. He querido referir a estos conceptos, estimadas nuevas abogadas y estimados nuevos abogados, para recordar que existen en nuestro sistema principios comunes de la profesión jurídica y de la jurisdicción que son esenciales no sólo para identificar la real existencia de tales funciones, sino también para robustecer el estado de derecho y la democracia, cuya preservación da sentido al juramento que hoy han prestado”, concluyó la máxima autoridad judicial.