Su octavo período en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas comenzó hoy –martes 1 de marzo– la ministra María Isabel San Martín Morales. A la ceremonia de asunción, que se realizó a través de la plataforma Zoom, asistieron ministros, jefes de unidad, relatores y funcionarios del tribunal de alzada, entre ellos la presidenta saliente Marta Jimena Pinto Salazar, quien dio a conocer el trabajo jurisdicción durante su gestión, en 2021.
Este año, la nueva presidencia se enfocará en sacar adelante los proyectos de infraestructura pendientes, como la construcción del nuevo juzgado de Porvenir, el centro vacacional de Puerto Natales y otras iniciativas tendientes a mejorar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, como la creación de una segunda plaza de juez laboral en Punta Arenas.
También es parte de los lineamientos retomar los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por la Academia Judicial, así como ocuparse de las consecuencias que la nueva modalidad de trabajo online, instaurada en pandemia, han generado en la salud de los funcionarios.
“Espero cumplir con las expectativas y, lo que siempre digo, la corte funciona única y exclusivamente con la colaboración de todos, por lo que me limito a pedir la ayuda de los funcionarios”, dijo.
Como primera actividad de su presidencia, la ministra San Martín tomó juramento al nuevo abogado integrante de la Corte de Apelaciones Osvaldo Oyarzún, quien se suma a Carmen González Miranda y Sonia Zuvanich Hirmas, quienes continuarán como abogadas integrantes durante el año judicial 2022.
La presidenta San Martín es magallánica y abogada de la Universidad de Concepción. Ingresó al Poder Judicial en 1977 y, desde entonces, siempre ha ejercido en la jurisdicción Punta Arenas, desde que comenzó como secretaria del Primer Juzgado de Letras, luego en 1982 asumió como relatora titular de la Corte de Apelaciones. En 1987, fue nombrada jueza titular del Primer Juzgado de Letras, cargo que ostentó hasta 1992, cuando fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones, labor que desempeña hasta la fecha.
Cuenta 2021
En tanto, la ministra Marta Jimena Pinto entregó la cuenta pública de su gestión, en la que repasó las principales cifras del periodo como presidenta del tribunal de alzada, no sin antes destacar las adecuaciones realizadas en la jurisdicción para responder a las leyes de excepción y a los autoacordados de la Corte Suprema, que establecieron plazos y modalidades de audiencias y actuaciones judiciales debido a la pandemia de covid-19.
En 2021, ingresaron 20.910 causas a los tribunales de primera instancia de la jurisdicción de Magallanes y Antártica Chilena, “(…) lo que significó una disminución de un 13% respecto al 2020”, aunque, por otro lado, “las causas terminadas fueron 19.833, lo que implicó un aumento del 19% en relación al año anterior”, informó la presidenta saliente.
En materia civil, el año cerró con 73.253 causas en inventario, con una disminución del 15% respecto de 2020. “Estas cifras claramente han sido influenciadas por la pandemia, particularmente por las interrupciones en la tramitación de los juicios ordenada por la ley de suspensión de plazos. Esto se refleja en materia penal, laboral y civil”, agregó.
Respecto a la Corte de Apelaciones, la ministra Pinto sostuvo que, gracias a la buena coordinación interna, se pudo mantener la operatividad, “aun contando con un 60% del personal en teletrabajo por gran parte de este periodo”.
En cuanto a cifras, durante el año 2021 ingresaron 3.039 causas, que representan una disminución en relación al 2020 de un 17%. La mayor carga estuvo radicada en los recursos de protección, con 1.168 ingresos. Entre ellos, los recursos asociados a las isapres, nuevamente, fueron los más representativos, con 804 causas.
Los fallos durante el año pasado, ascienden a 2.931, un 76% menos respecto al 2020.
Con relación al trabajo de la oficina de causas de derechos humanos, que la magistrada preside en calidad de ministra en visita extraordinaria, durante 2021 hubo dos ingresos nuevos, con lo cual se llega a 107 juicios en tramitación, con 309 tomos.
Asimismo, y en línea con las actividades de extensión y vinculación con la comunidad desarrolladas en sus presidencias anteriores (2011 y 2017), la ministra Pinto destacó la realización de seminarios y otros eventos abiertos a la comunidad en que se abordaron temas de derechos humanos, infancia, género, diversidades y contingencia en derecho constitucional; actividades de capacitación interna, dirigidas a los estamentos del Poder Judicial de la jurisdicción y con organismos relacionados; tales como la charla que dictó, como presidenta, sobre: “Mujeres en contexto carcelario: derecho y privación de libertad en una misma perspectiva”, seminario organizado por la unidad de género de Gendarmería, y el seminario virtual: “Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva: sujetos de derechos en la teoría y en la práctica”, organizado en conjunto con Fundación CpueD, que tuvo entre sus objetivos avanzar desde el modelo de prescindencia hacia uno que garantice el ejercicio efectivo de derechos.
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