La ministra Paulina Gallardo García asumió hoy –martes 1 de marzo– la presidencia de la Corte de Apelaciones de Chillán para el año judicial 2022, en reemplazo del ministro Guillermo Arcos Salinas, quien ejerció en el cargo en calidad de subrogante desde agosto del año pasado tras el retiro del ministro Darío Silva Gundelach.
En su primera actividad al mando del tribunal de alzada, la ministra Gallardo tomó juramento a tres juezas y un juez destinados por la Corte Suprema a tribunales de la jurisdicción Chillán, medida adoptada con el propósito de reforzar la labor de los juzgados que se han visto sobrecargados debido a la pandemia y agilizar la tramitación de causas.
“En primer lugar, asumo la gran responsabilidad que implica el desempeño de este cargo durante este año 2022 y el énfasis de la presidencia va a ser garantizar o incrementar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan nuestra región, centrándonos en el progreso de aquellos asuntos que estuvieron especialmente retardados como efecto de la pandemia y, sobre lo mismo, comentar que hay un plan de fortalecimiento que se ha adoptado en los tribunales, aumentando la dotación de funcionarios, funcionarias, juezas y jueces con la finalidad de resolver esas situaciones pendientes”, informó la presidenta Gallardo García.
Asimismo, la presidenta del tribunal de alzada chillanejo contó cuáles serán los temas centrales de su gestión, cual: “Tendrá especial énfasis en los temas de niñez y la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y actuar como ente coordinador de las instituciones relacionadas, como ya lo hemos realizado durante el 2021 en la mesa técnica interinstitucional”, detalló.
Segunda presidenta
Con su asunción, la ministra Paulina Gallardo se transforma en la segunda presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán en sus 85 años de historia y luego de 32 años, en que lo ejerció, en 1990, la ministra Carmen Rivas.
“Se da una coyuntura que coincide con mi llegada a esta Corte. Coincide con la apertura social, creo yo, a la incorporación de mujeres a todo ámbito de la vida en igualdad de condiciones que los varones y con el ánimo de aportar una mirada distinta o, tal vez, más inclusiva en los distintos aspectos que una mujer puede vivir en el día a día. Lo que van a entender todas las mujeres trabajadoras. Tenemos que combinar las labores de madre, hija, esposa, compañera, con el quehacer del hogar y las funciones profesionales. Entonces, integrar esa visión en nuestra comunidad es un rol importante y un bonito desafío para el 2022”, afirmó.
Abogados integrantes
En su primera jornada en calidad de presidenta, la ministra Gallardo García, además, tomó el juramento de rigor a los tres abogados integrantes designados por el Poder Ejecutivo, que ejercerán en el tribunal de alzada durante el año judicial 2022.
En la ceremonia, que se desarrolló a través de la plataforma Zoom, prestaron juramento José Domingo Raúl Fuentes Sepúlveda, Gumercindo Segundo Quezada Blanco y Juan Antonio de la Hoz Fonseca, a quienes la presidenta Gallardo García deseo éxito en las funciones que deberán asumir, cuando deban integrar sala en reemplazo de ministros o el fiscal judicial.
Carrera Judicial
La nueva presidenta de la Corte de Apelaciones nació el 17 de febrero de 1971 en Chillán. Ingresó al Poder Judicial el 15 de septiembre de 1997, como secretaria del Juzgado de Letras de Osorno. El 19 de abril de 2001, asumió funciones como jueza en el Juzgado de Garantía de San Javier.
Entre 2002 y 2004, se desempeñó como relatora de la Corte de Apelaciones de Talca y de la Corte de Apelaciones de Santiago En julio de 2005, asumió como jueza del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago y desde 2015en el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, desde donde llegó a la Corte de Apelaciones de su ciudad natal.
Durante su carrera, además, ejerció de forma temporal como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema y como ministra suplente en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La nueva presidenta del tribunal chillanejo integra la comisión de lenguaje claro del Poder Judicial, colaborando en la elaboración del manual de estilo con el propósito de promover el uso del lenguaje claro y otras herramientas para que los usuarios comprendan los conceptos jurídicos que contiene las sentencias y resoluciones judiciales.