El Comité ampliado de género y no discriminación de la Corte de Apelaciones de San Miguel realizó la charla  sobre el análisis a la implementación del Protocolo interinstitucional de atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar en la jurisdicción, actividad organizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el encuentro virtual –efectuado el jueves 25 de noviembre- expusieron Carolina Quezada, académica e investigadora con una perspectiva histórica respecto a la eliminación de la violencia hacia la mujer y Alicia Candia, abogada de la Unidad Nacional en Violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg); quien analizó el protocolo interinstitucional del comité sanmiguelino.

Además se presentaron Ángela Chávez, jefa de la unidad de atención a víctimas y testigos (Uravit),  de la Fiscalía Metropolitana Sur y Bernarda Cares, coordinadora del programa Alerta Mujer de la municipalidad de La Pintana, quienes se refirieron a dicho proyecto mujer  implementado desde agosto del año  2020, en la comuna. Iniciativa que surge para abordar la violencia de género en ese ámbito territorial, considerando los altos índices de ingresos de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) a nivel comunal, con el fin de desarrollar acciones protectoras para las víctimas en coordinación  con el Ministerio Público.

Finalmente, la magistrada  María Rosa Palacios del Juzgado de Familia de San Bernardo expuso respecto a las buenas prácticas que ha implementado su tribunal y su experiencia en relación a la implementación del protocolo interinstitucional de  atención a víctimas.

La ministra (s) encargada del Comité de Género y no discriminación del tribunal de alzada Sanmiguelino, María Carolina Catepillán explicó que “hoy nuestro comité estimó necesario analizar en qué estado se encuentra la implementación del protocolo interinstitucional de atención  a víctimas de violencia de género y VIF en el territorio de nuestra jurisdicción”.

“Para quienes nos desempeñamos en el ámbito de la justicia, estamos llamados a aplicar la perspectiva de género en el abordaje de los asuntos que nos corresponden y que actuemos conforme a los protocolos de investigación, de ponderación, de prueba y decisión respetando siempre la garantía básica de no discriminación. Tenemos la convicción de que sólo una adecuada  coordinación entre las diversas instituciones un sistema de atención unificado que  generará alertas para evitar los actos de violencia gravísimos que lamentablemente  ocurren en nuestro país”, concluyó.