El ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama participó en el Diálogo del Estado de Chile con el  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, como parte de la delegación oficial que concurrió al 105 periodo de sesiones del Comité en Ginebra, Suiza.

El informe de la delegación chilena y el diálogo con el Comité se desarrolló el 23 y 24 de noviembre último.

En la ocasión, el ministro señaló que de acuerdo a la última caracterización  efectuada por el Poder Judicial, el 12% de los usuarios no letrados de los tribunales de justicia pertenece a algún pueblo indígena; los que en su mayoría pertenecen al pueblo mapuche. El 2,8% son extranjeros, con preeminencia de personas provenientes de países sudamericanos.

“Para satisfacer sus necesidades y brindar un servicio de justicia capaz de proteger sus derechos, es que hemos adoptado una serie de medidas orientadas a hacer efectivo su derecho a acceso a la justicia”, dijo la autoridad.

Entre los herramientas utilizadas, el ministro chileno  mencionó un  servicio de traducción en línea que busca facilitar la comunicación entre jueces y funcionarios con aquellos usuarios que se comunican en otros idiomas o a través de lenguaje de señas. También explicó  la adopción de distintos instrumentos como la “Política de Atención de Usuarios”, los “Protocolos de Actuación Judicial sobre personas migrantes y sujetas a protección internacional y personas, pueblos y comunidades indígenas”, que buscan adaptar a la realidad social y jurídica de nuestro país; el “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial sobre Acceso a la Justicia de Personas en situación de vulnerabilidad”; el “Protocolo para el acceso a la justicia de personas migrantes” y  el “Protocolo para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y en necesidad de protección internacional”, el cual se encuentra en su etapa final de elaboración, tiene un carácter interinstitucional y busca avanzar en la protección integral de este grupo y dotar de mejores herramientas a todos los actores que toman contacto con ellos, permitiendo hacer efectivos sus derechos.

Además,  el ministro Valderrama explicó que la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema ha adoptado una serie de acciones para combatir la discriminación que afecta a las mujeres y avanzar en su acceso a la justicia, como el “Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad”, el repositorio de sentencias con perspectiva de género y el “Manual para el uso del Lenguaje inclusivo no sexista en el Poder Judicial de Chile”.

Asimismo, detalló una serie de cursos por parte de la Academia Judicial, en particular, la inclusión en el Programa de Perfeccionamiento, cursos que abordan temáticas como la comprensión del racismo, la exclusión social, la xenofobia y el relativismo cultural, el derecho a la igualdad y no discriminación y la violencia racial y el inicio del curso “Desafíos culturales, jurídicos y operativos para el servicio de justicia en la relación con los pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente chileno”.

Agregó el ministro que “existen una serie de asuntos jurisdiccionales que serán objeto de dialogo en esta instancia. En particular, tanto el Comité como las organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han relevado su preocupación respecto a causas judiciales relacionadas con (1) la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, (2) la  Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad y (3) recursos de amparo presentados ante medidas administrativas de expulsión de personas migrantes del territorio nacional.

Señaló el ministro que han ingresado 504 causas sobre la Ley 20.609 a tribunales de primera instancia, 185 recursos ante las Cortes de Apelaciones y 42 en la Corte Suprema, entre los años 2012 y 2021. De los casos revisados por la Corte Suprema, 2 corresponden a situaciones de discriminación motivadas por raza, etnia y/o nacionalidad. Asimismo, en 14 causas se aplicó la agravante de la responsabilidad penal contemplada en la Ley 20.609, siendo uno de estos casos un delito motivado por la nacionalidad o raza de la víctima”.

Respecto de la ley 18.314, dijo que la Corte Suprema ha dictado 10 sentencias que se pronuncian sobre recursos de nulidad en materia de aplicación de dicha normativa en el contexto de una condena o absolución en materia penal. En solo una de estas sentencias –dijo-  la Corte Suprema resolvió condenar al imputado, quien por cierto no tenía apellidos mapuches, dando aplicación a la citada ley y confirmando la sentencia de primera instancia.

“En cuanto a los recursos de amparo presentados por personas migrantes ante medidas administrativas de expulsión del territorio nacional, mayoritariamente  la jurisprudencia de la Corte Suprema acoge dichos recursos en razón de las circunstancias personales y familiares de los reclamantes y su arraigo familiar, del cumplimiento de garantías de debido proceso y de consideraciones humanitarias, tales como la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y las circunstancias que llevan a las personas a abandonar sus países de origen e ingresar al territorio nacional”.

Concluyó la autoridad reforzando el compromiso del Poder Judicial “con la eliminación de la discriminación racial y el acceso a la justicia de todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad y origen étnico o racial, respetando la posición y competencias que el ordenamiento jurídico asigna a los tribunales de justicia en estos cruciales objetivos”.

El ministro Valderrama estuvo acompañado en estas sesiones del director de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto. Por parte del gobierno, la delegación estuvo encabezada por la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Andrea Balladares e integrada por distintos personeros de la administración.