El Juzgado de Garantía de Arica participa en el proceso de implementación del “Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual”, que busca entregar recomendaciones que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial y fortalecer así el respeto y cumplimiento del acceso a la justicia para todas las personas, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre per­sonas integrantes de la institución.

La magistrada del Juzgado de Garantía de Arica, Paulina Zúñiga Lira, explicó que apenas surgió el llamado a participar de este proyecto, su tribunal no dudó en participar en la postulación, la que fue acogida por sus organizadores junto a otros 16 tribunales del país. El Juzgado de Garantía de Arica es el único a nivel jurisdiccional que participa en este proyecto.

“La relevancia que tiene es importante porque hay muchos obstáculos para las mujeres para acceder a la justicia. Por eso este protocolo nos permitirá enseñar a quienes somos operadores del sistema judicial en las mejores prácticas para hacer viva el derecho de las mujeres de acceder a la justicia, en un pie de igualdad y no discriminación”.

En tal sentido, comentó que este tipo de proyectos permitirá que el sistema judicial en su conjunto –desde los guardias de seguridad que reciben a los usuarios en el tribunal, los funcionarios y hasta los jueces– “tengamos incorporadas estas recomendaciones efectuadas por profesionales que con una gran experiencia han elaborado un listado con elementos esenciales para hacer realidad del derecho a la justicia de las mujeres con garantías que hagan efectivo este derecho”.

RECOMENDACIONES

La académica de la Universidad de Concepción, Cecilia Bustos, explicó que el proyecto busca establecer recomendaciones para facilitar la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en sus actuaciones: “Estamos convencidas que la falta de incorporación de esa perspectiva afecta el acceso a la justicia como derecho humano garantizado”. En este aspecto, comentó que se elaboraron 31 recomendaciones dirigidas a todo el tribunal que participa en el proyecto. Entre ellas destacó las siguientes recomendaciones:

• Mantener una comunicación clara y simple para que el lenguaje jurídico sea fácilmente comprendido por quienes acceden a la justicia y están en condiciones de vulnerabilidad por razón de género o diversidad sexual.
• Destinar un tiempo suficiente para la atención a mujeres y personas LGBTI que recurren a un tribunal de justicia.
• Reforzar una acogida adecuada en la atención al público en casos graves de violencia de género.
• Entregar información de otras entidades que también puedan orientar a mujeres y personas LGBTI que concurren a tribunales.
• Respetar la identidad y la expresión de género de las personas usuarias y de quienes les acompañan a tribunales.
• Respetar el nombre social de personas usuarias trans y de quienes les acompañan a tribunales.
• Facilitar la atención del sistema de justicia para mujeres y personas LGBTI que están en situación de mayor vulnerabilidad por circunstancias adicionales, es decir, hacerse cargo de forma efectiva de la interseccionalidad.
• Incorporar progresivamente en la labor de gestión de cada tribunal el enfoque de género y diversidad sexual en los diferentes niveles de esa gestión.
• Garantizar privacidad e intimidad a toda mujer o persona LGBTI que concurra a tribunales a realizar alguna gestión o denuncia

Este proyecto fue elaborado por esta casa de estudios cuenta con el patrocinio de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la Corte Suprema y con la colaboración de cuatro asociaciones pertenecientes al Poder Judicial: la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, la Asociación de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), la Asociación de Consejeros Técnicos del Poder Judicial (Ancot) y la Asociación de Magistradas Chilenas (Machi). En este contexto, dijo que trabajan desde marzo de este año en esta iniciativa que se caracteriza por haber sido diseñado de manera participativa y por estar contextualizado a la realidad del Poder Judicial “no solo en términos de pertinencia cultura, sino que también de pertinencia cultural, porque en el proceso de diseño nos preocupamos de recoger información de la diversidad de prácticas y de formas de funcionamientos que están presentes en nuestro país y en el Poder Judicial”. La profesional agregó que “este proyecto no se hace para juzgar con perspectiva de género. El Poder Judicial ya cuenta con una herramienta como el ‘Cuaderno de Buenas Prácticas’ para orientar a los magistrados y magistradas en esta función. La incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual es relevante desde que las personas entran a un tribunal”.

Cecilia Bustos comentó que este proyecto ya sorteó su proceso de validación, que tuvo positivos resultados, pese a haber realizado esta validación en pleno proceso de pandemia. Agregó que el proyecto tiene una concepción amplia del género o las identidades de las personas: “Escapa de la lógica binaria tradicional, porque las personas gays, lesbianas, bisexuales o las personas trans han vivido muchas experiencias de discriminación o falta de reconocimiento en sus derechos. Es por ello que queremos poner énfasis a incorporar una perspectiva de género amplia que nos permita, reconocer y respetar la diversidad sexual que sea incorporada como una práctica con un tratamiento respetuoso acorde al principio de igualdad y no discriminación y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas”.

En tanto, la asistente de investigación del proyecto, María Victoria Ulloa, comentó que los 17 tribunales se escogieron en base a diversas variables, como al nivel de formación que tienen y la territorialidad que abarcan. De esos tribunales contaron con la participación de 320 funcionarios, “por lo cual el objetivo que tenemos en estos meses que quedan es implementar este protocolo a través de una experiencia piloto  de utilizar las recomendaciones surgidas durante el proceso, a través de un proceso participativo”. A ello se suma, dijo, se realizará un plan por cada tribunal que permita aplicar y poner en práctica estas recomendaciones “y generar un cambio personalizado en ese tribunal”.