En la instancia, la directora de Comunicaciones del Poder Judicial, Lucy Dávila, explicó a los asistentes -periodistas, comunicadores y profesionales vinculados a la migración de diferentes puntos del país- que dada la contingencia en materia de migración y que ha afectado principalmente a la Región de Tarapacá, se hace necesario conocer cómo los tribunales de familia han abordado la problemática desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular y cómo se ha buscado proteger sus derechos. 

Durante su exposición, la magistrada Troncoso detalló el proceso que se ha realizado en la jurisdicción de Iquique para abordar la situación, desde el abordaje inicial realizado por parte de personal de Carabineros, hasta la medida de protección que dicta el tribunal en cada uno de los casos reportados. 

Entre las cifras que expuso indicó que entre octubre 2020 y septiembre de 2021, se registraron 4.440 ingresos de niños, niñas y adolescentes migrantes, según registros de Carabineros; de ellos 52 -todos adolescentes- ingresaron al país sin un adulto responsable.

En el mismo período, el Juzgado de Familia de Iquique dictó 334 medidas de protección por 507 niños, niñas y adolescentes migrantes, mientras el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte dictó medidas de protección por 3.933 NNA migrantes. 

La magistrada agregó además que el contar con estas cifras es posible gracias al trabajo interinstitucional que se ha realizado junto a Carabineros, OPD, ONG vinculadas a la migración, Servicio Mejor Niñez y los tribunales de la jurisdicción. “Ha sido un arduo trabajo, con mucha comunicación entre todos, y de ahí la importancia de dar a conocer esta realidad que viven los niños, niñas y adolescentes que están llegando a nuestro país de manera irregular, quedando en el desamparo al no poder ejercer sus derechos por esta condición”, sostuvo durante la instancia de capacitación.
 
 La Corte Suprema creó a comienzos de este año una mesa interinstitucional de NNA migrantes no acompañados que preside el ministro Mario Carroza, instancia que está trabajando en un protocolo de actuación común y en la que además se han planteado los puntos críticos de la situación que afecta a estos niños y se ha avanzado en coordinaciones para buscar soluciones a la emergencia que les afecta.