La aplicación de la Ley de Entrevistas Videograbadas introduce diversos y relevantes cambios en el procedimiento penal en el cual estén involucrados –en calidad de víctimas o testigos- niños, niñas o adolescentes. En este contexto, la figura del intermediario es fundamental, ya que es quien interactúa directamente con el menor de edad durante su declaración en un juicio oral.

Cumplir rol del intermediario requiere una formación específica que, en el caso de los jueces con competencia penal, implica la realización de cursos adicionales en la Academia Judicial, la posterior acreditación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, además, una permanente actualización para mantener esta acreditación. 

Esta experiencia quedó graficada en las palabras de tres jueces penales que, además de contar con su acreditación formal, ya han tenido la experiencia de intermediar en juicios orales:

Para Anamaría Sauterel, magistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, el proceso de formación “significó un esfuerzo para cada uno de nosotros (…) un trabajo de contener emociones, de prepararse para un niño que está en situación distinta a la nuestra, y la verdad es que fue muy enriquecedor (…) siento que nos prepararon de manera adecuada, y nos sentimos un equipo, en definitiva, de jueces preparados de manera completa, eficiente, para enfrentar este nuevo escenario en el que el juez participa ya desde otra visión”.

En este sentido, Juan Pablo Lagos, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, agregó que “sin duda que ha sido enriquecedor, la capacitación ha sido muy buena, lo que nos ha permitido enfrentar precisamente las declaraciones con mucho compromiso y también con mucho conocimiento, mucha base. Por lo tanto, aquellos inconvenientes que pueden presentarse dentro de una declaración, hemos podido salir adelante”.

Finalmente Patricia Abollado, jueza Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, recalcó que “sin esa capacitación, la verdad es que hubiese sido extraordinariamente difícil poder efectuar una intermediación, ni medianamente, ni siquiera decente. Y en lo personal también me pregunto, miro hacia atrás hasta antes de empezar esta ley, y no puedo dejar de preguntarme cuántas veces hicimos, tomamos decisiones equivocadas, o ejecutamos acciones inadecuadas con tantos niños, niñas y adolescentes (…) Yo creo que hay un antes y un después que está marcadísimo, y quienes hemos hecho el curso intermediación y de acreditación lo sabemos con certeza. Esto es un avance enorme en el paso del respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, concluyó.