La presidenta (s) de la Corte de Apelaciones de La Serena, Marta Maldonado Navarro, tomó juramento a Juan Pablo Torrijo Rojas como juez interino del Juzgado de Familia de Ovalle.

Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Torrijo Rojas ingresó al Poder Judicial en 2015, desempeñándose  como administrativo primero del Juzgado de Letras de Villa Alemana. Anterior a ello, ejerció suplencias en el mismo cargo y, posteriormente, como magistrado en el Juzgado de Letras del Trabajo y el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. En 2017 asumió como relator suplente en la Corte de Apelaciones de La Serena, cargo que asumió de manera titular en el 2018.

Tras la ceremonia de juramento –realizada el 12 de octubre- el magistrado Torrijo agradeció el apoyo y confianza en este nuevo desafío y manifestó su compromiso: “Asumo este desafío profesional con la convicción que desde la función pública que desarrolla un juez de familia, se puede contribuir sustancialmente a que diversos grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sean visibilizados, y se garantice el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos. En particular, respecto de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a ser oídos personalmente por el juez, con la finalidad que su opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones que los afecten, y así, determinar la solución más acorde a la satisfacción integral de sus derechos”, señaló.

Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Torrijo Rojas ingresó al Poder Judicial en 2015, desempeñándose  como administrativo primero del Juzgado de Letras de Villa Alemana. Anterior a ello, ejerció suplencias en el mismo cargo y, posteriormente, como magistrado en el Juzgado de Letras del Trabajo y el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. En 2017 asumió como relator suplente en la Corte de Apelaciones de La Serena, cargo que asumió de manera titular en el 2018.

Tras la ceremonia de juramento –realizada el 12 de octubre- el magistrado Torrijo agradeció el apoyo y confianza en este nuevo desafío y manifestó su compromiso: “Asumo este desafío profesional con la convicción que desde la función pública que desarrolla un juez de familia, se puede contribuir sustancialmente a que diversos grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sean visibilizados, y se garantice el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos. En particular, respecto de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a ser oídos personalmente por el juez, con la finalidad que su opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones que los afecten, y así, determinar la solución más acorde a la satisfacción integral de sus derechos”, señaló.