Con el fin de minimizar la revictimización y disminuir el traslado de víctimas menores de edad que deben declarar en un proceso penal, la ley 21.057 contempla la posibilidad de uso de salas especiales en tribunales en todo el país, independiente del lugar donde se desarrolle el juicio oral.
En este contexto, en el 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago se llevó a cabo la primera declaración judicial de niños niñas o adolescentes intermediada por una jueza acreditada en la Región Metropolitana, en este caso de una víctima y dos testigos en un juicio por abuso sexual que se desarrollaba en el TOP de Cauquenes.
La magistrada Marcela Nilo, del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, estuvo a cargo de la intermediación. “Sí bien es cierto la ley no se está aplicando en la Región Metropolitana, yo estoy acreditada ante el Ministerio de Justicia, estoy ejerciendo mi cargo como juez de Garantía, y por lo tanto el Tribunal Oral de Cauquenes me designo a mí como intermediaria de la declaración judicial de la víctima y estos dos testigos y, como tal, yo acudí al tribunal y se cumplieron todas las fases del protocolo. Me conecté vía zoom en la sala de audiencia del tribunal exhortado, donde se llevó a cabo la fase previa del protocolo directamente con el tribunal de Cauquenes, en que yo pude imponerme de los antecedentes de los niños que iban de declarar, de los aspectos cognitivos, emocionales que pudieran influir en la declaración”, comentó.
Para el éxito de este procedimiento es fundamental la coordinación técnica y logística entre los propios tribunales, aspecto que fue destacado por la administradora del 3° TOP de Santiago, Alejandra Ugalde. “Actualmente nos encontramos en la segunda etapa de esta ley y la tercera etapa, que contempla la Región Metropolitana, es a partir de octubre del próximo año. Por lo tanto, esta es la primera experiencia a nivel de la Región Metropolitana y de nuestro tribunal”.
En este contexto, “recepcionamos el exhorto, y procedimos con todas las coordinaciones que exige el protocolo de la ley: aspectos técnicos, hicimos todas las pruebas requeridas en la sala especial a cargo de nuestro informático Fernando Solís, quien a su vez se coordinó con el área de informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, relató Ugalde.