La jueza del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Marcela Araya Novoa, participó como expositora en el seminario en línea “Déficit probatorio en delitos sexuales”, organizado por la Academia Judicial como parte del “Ciclo de prueba, argumentación y razonamiento judicial”.
En la ocasión, la doctora en derecho y académica de la Universidad Austral de Chile abordó los nudos probatorios que se producen en la tramitación de los delitos sexuales, junto al defensor penal público de la Defensoría Local de Puente Alto y magíster en Derecho Penal, Mario Araya Flores.
“Es una cuestión no controvertida que los tipos penales que recogen la violencia sexual en sus variadas manifestaciones en nuestro código sustantivo, exhiben complejidades a la hora de valorar la prueba producida, fundamentalmente la prueba de cargo. Su juzgamiento está cruzado por problemas de credibilidad de la víctima; aquellos que orbitan en torno a los peritajes de credibilidad; la existencia del testimonio único; la prueba de contexto, la dificultad de superar el exigente estándar de prueba en materia penal y que se encuentra consagrado normativamente en el artículo 340 del Código Procesal Penal”, explicó.
En la oportunidad, además, los expertos debatieron respecto del rol de la perspectiva de género en el tratamiento de los delitos sexuales “y su contribución a estrechar el espacio de impunidad que existe en estos casos, la interferencia de estereotipos de género que son las causa de esta violencia y que se reproducen en los juzgadores y juzgadoras, a la hora de enfrentarse a las víctimas causando revictimización o violencia institucional, erigiéndose en barreras en el acceso a la justicia de las mujeres”, agregó.
Para la jueza de Puerto Montt, la instancia de debate y conversación “fue muy interesantes, en un espacio en que hubo muchas preguntas, comentarios y críticas al sistema, los que nos hicieron reflexionar tanto a los expositores como a los asistentes sobre estas complejidades”, añadió.
Comentarista
La magistrada Marcela Araya, además, participó como comentarista de la ponencia del connotado académico de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán, sobre su último libro “Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso”.
La exposición se presentó en el marco del seminario “El establecimiento de los hechos en el proceso penal”, organizado por la Defensoría Penal Pública, a través de las Unidades de Estudio Defensoría Regionales O’Higgins, Maule, Los Lagos, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur y la Unidad de Corte de la Defensoría.
“En este contexto, fue un privilegio haber intervenido, como profesora de la carrera de derecho de la UACH de Puerto Montt y jueza de garantía, comentando la ponencia de este gran profesor y mi enfoque fue tratar de dar cuenta de lo que es operar en la praxis jurídica sin estándares de prueba, y como lo desarrolla el profesor en su libro, el impacto que produce esa ausencia en las garantías del acusado y demás intervinientes, no solo en el proceso penal sino en todos los procedimientos. Igualmente relevé el hecho de que a pesar que nuestro sistema procesal penal, es de aquellos que se inscriben en la tradición racional de la prueba, se sigue operando en algunos tópicos, en clave subjetivista lo que produce distorsiones y anomalías en el sistema que impactan en la existencia de errores epistémicos y decisiones eventualmente, injustas”, resaltó.
“Finalmente –continuó–, señalé que pese a que el estándar en nuestro sistema procesal penal es uno solo, el previsto en el artículo 340 del Código del ramo, este no está dotado de contenido, es poroso e indeterminado, lo que produce que en la práctica se apliquen diversos umbrales en los que se entienda derrotada la presunción de inocencia, con anclaje en consideraciones tales como la gravedad de la pena y otros costes asociados a la decisión, lo que produce falta de predictibilidad de las decisiones judiciales y, potencialmente, afecta la gran garantía del debido proceso de los ciudadanos”.