El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, sometió a proceso a ocho funcionarios en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Andrés Ibacache Encinas. Ilícitos cometidos en la comuna de Quilpué, provincia de Marga Marga, entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

En la resolución (causa rol 1-2014), el ministro Cancino Cancino dictó auto de procesamiento en contra de Ernesto Leonardo Huber von Appen, Patricio Maximiliano Horacio Valentín Villalobos Lobos, Sergio Iván Mendoza Rojas, René Maldonado Bouchón, José Elías Villalón Palomino, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga y Víctor Orlando Rey Ringele, como autores de los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos o rigor innecesario; en tanto, Guillermo Retamal Ruz enfrenta cargos como cómplice de los delitos perpetrados en la Base Aeronaval El Belloto y en cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué.

En la causa, el ministro en visita reunió antecedentes suficientes y dio por acreditado que el 14 de septiembre de 1973, la víctima, “Andrés Ibacache Encinas, fue ordenado detener por las autoridades del CAJSI de El Belloto (Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior), luego de que se presentara –en compañía de su hijo de dos años– a trabajar en la empresa KPD, ubicada en Quilpué, empresa que había sido allanada y controlada por orden del mando militar a partir del 11 del mismo mes. La víctima fue conducida por funcionarios militares a un recinto de detención ubicado en el interior de la Base Aeronaval El Belloto, emplazada en Quilpué, encontrándose en ese lugar un grupo de interrogadores organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de un supuesto armamento que se habría guardado en la empresa en la cual laboraba, recinto militar en el que procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare. Asimismo, durante su encierro fue trasladado en varias oportunidades a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, también en Quilpué, específicamente a una oficina que estaba ocupada por otro grupo de interrogadores también planificado y organizado por los mandos militares, con el objeto de interrogarlo y torturarlo mediante golpes de puño y pies, aplicación de corriente en diversas partes del cuerpo, privación de sueño, siendo liberado aproximadamente en febrero de 1974”.

“Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19, y siendo los procesados personas de la tercera edad, manténganse a éstos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, añade el dictamen.