El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, dictó auto de procesamiento en contra de seis oficiales de la Armada en retiro, por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos o rigor innecesario a Mónica Soledad Sánchez Larraín. Ilícitos perpetrados en Quilpué y Valparaíso, entre junio y septiembre de 1975.

En la resolución (causa rol 3-2014), el ministro Cancino Cancino sometió a proceso a Francisco Fernando Johow Heins, Carlos Luis González Lira, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez y Sergio Hevia Febres, por los delitos cometidos en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué y el cuartel Silva Palma.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita recopiló antecedentes suficientes para dar por acreditados que: “(…) en el mes de junio de 1975, Mónica Soledad Antonsen o Mónica Soledad Sánchez Larraín fue ordenada detener por el Jefe del Centro de Inteligencia Regional de Valparaíso o CIRE-VAL, continuador del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), lo que se concretó al salir de su trabajo, siendo conducida a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué y luego transportada por personal del Departamento de Operaciones de dicho organismo, el cual se encontraba a cargo de otro funcionario de la Armada, persona que recibía directamente las órdenes de detención del Jefe del CIRE. Posteriormente estos funcionarios del Departamento de Operaciones llevaron a la víctima hasta el cuartel Silva Palma, lugar que servía para encerrar a las personas ordenadas detener por el CIRE, donde la víctima fue torturada por un grupo de interrogadores organizados en ese sitio por el Jefe del CIRE, con el objeto de que entregara antecedentes de ciertas personas, siendo empleada en su cuerpo, entre otras maniobras, aplicación de corriente, encontrándose además vendada, siendo liberada posteriormente. La información que se obtenía de la persona torturada, entre otras, de la víctima, era entregada al Jefe del CIRE, finalizando todo este encierro con ponerla a disposición de la Fiscalía Naval sólo en septiembre de 1975”.

“Teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del Covid-19, y siendo los procesados personas pertenecientes a la tercera edad, manténganse estos detenidos en sus domicilios, bajo custodia de Carabineros del sector, en tanto se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, añade.